Justicia de Bolivia resolverá este martes solicitud de detención preventiva de Evo Morales por seis meses
La justicia boliviana resuelve este martes una solicitud de la fiscalía para la detención preventiva por seis meses del expresidente Evo Morales, investigado por el presunto delito de trata de una menor cuando ejercía el poder en 2015.
La fiscal a cargo del caso, Sandra Gutiérrez, informó que este martes "se realizará la audiencia de medidas cautelares" contra Morales, ante un juez anticorrupción.
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Gutiérrez señaló que el juez esperará la comparecencia del exmandatario, pero que si no se apersona, la autoridad puede dictar medidas restrictivas contra el político.
"El juez puede definir su rebeldía, arraigo y la medida de aprehensión", afirmó el lunes la fiscal, quien en diciembre pasado anunció que ya había solicitado los seis meses de cárcel.
Wilfredo Chávez, abogado de Morales, adelantó el lunes que el otrora jefe de Estado no asistirá a esta citación judicial, "debido a que no ha sido notificado" personalmente.
Gutiérrez, no obstante, negó que se haya cometido una irregularidad en el procedimiento de notificación.
Morales (2006-2019), de 65 años, es acusado por el Ministerio Público por el delito de trata de una menor, a raíz del presunto arreglo que habría tenido con los padres de una adolescente de 15 años.
Según la fiscalía, Morales y la menor sostuvieron una relación en 2015 de la que nació una hija un año después, y que los padres consintieron a cambio de beneficios.
Sobre el líder cocalero ya pesa una orden de aprehensión por no acudir a declarar ante la fiscalía durante la investigación.
La medida fue emitida el 16 de octubre de 2024, pero fue mantenida en reserva frente a la opinión pública debido a que "el caso es muy complejo", según la fiscal.
La policía no ha podido aprehender al líder aimara, quien se encuentra resguardado por sus seguidores en la región cocalera del Chapare, su feudo político.
En diciembre, Gutiérrez presentó una "imputación formal" contra Morales por el delito de trata y precisó que enfrenta una pena de "10 a 15 años". También dijo que solicitó una "alerta migratoria", una medida para evitar que salga del país.
Este martes la justicia deberá resolver además la situación de la madre de la menor, quien no ha acudido a anteriores citaciones fiscales. El padre ya se encuentra con detención preventiva.
Aunque Morales ha desestimado previamente la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de "estupro" -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.
El exgobernante dice ser víctima de una "lawfare" (guerra jurídica) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para "proscribirlo" de la carrera electoral.
Arce y Morales sostienen una lucha sin cuartel por la candidatura de la izquierda para las elecciones de agosto próximo, pese a que el líder cocalero fue inhabilitado por la justicia para repostularse.