AFP
Los cinco dirigentes independentistas catalanes se instalaron en Bruselas después de que el Gobierno central español destituyera al Ejecutivo catalán, disolviera el Parlamento y convocara elecciones para el 21 de diciembre en reacción a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Consideran que no cuentan con las garantías necesarias para un proceso justo en España, donde otros ocho miembros del Gobierno regional destituido fueron acusados y puestos en prisión provisional.
Sus abogados belgas, que denuncian una "histeria judicial" en España, rechazarán la ejecución de la euroorden de detención, que según ellos es fruto de un "juicio político".
Si se aprobara la demanda de Madrid, prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el juicio al menos hasta enero.
La audiencia, prevista el viernes a las 14H00 (13H00 GMT) ante la Cámara del Consejo, dependiente del tribunal de primera instancia flamenco de Bruselas, se celebrará a puerta cerrada. El juez único tendrá "entre ocho y 10 días" para pronunciarse, según los abogados.
Carles Puigdemont y los cuatro exmiembros de su Ejecutivo --Antoni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)-- deben estar presentes en la audiencia.
El 5 de noviembre, se entregaron a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional con la prohibición de salir de Bélgica sin autorización del juez, obligación de comunicar su dirección y de obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía.
La orden europea de busca y captura fue creada por la Unión Europea en 2002 --y transpuesta un año más tarde a la normativa belga-- para facilitar la extradición entre Estados miembros sin intervención del poder político.
Euroorden "atípica"
Pocos son los casos en los que se rechaza la ejecución de una euroorden, según varios juristas interrogados por la AFP, puesto que este procedimiento se basa en el principio de "confianza mutua" entre sistemas judiciales que se presuponen cercanos.
Pero en esta situación concreta, con cinco protagonistas de la crisis catalana, no hay lugar para la "confianza", según los abogados.
"Es una orden de detención europea totalmente atípica [...] No hay mención a una infracción penal atribuida a una persona", denuncia Michèle Hirsch, quien defiende a Comín y Serret junto a su colega bruselense Christophe Marchand.
Para los dos abogados, que coordinaron su defensa con los de los otros exdirigentes catalanes, lo que se pone en tela de juicio es un "proceso político que se desarrolló pacíficamente y cuyas intenciones no se escondían".
"Se llamó a un voto para un referéndum, no se dijo: 'Tomen las armas, ciudadanos'", señalan.
Los cinco responsables independentistas están acusados por la justicia española de "rebelión", "sedición" y "malversación". El delito de sedición es pasible de hasta 30 años de prisión.
La estancia de Carles Puigdemont en Bélgica puso en un aprieto al Gobierno belga y generó roces entre Bruselas y Madrid.
El partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca (N-VA) es uno de los pilares de la coalición en el poder, y varias de sus figuras emblemáticas, como el ministro del Interior, Jan Jambon, expresaron su simpatía con los catalanes.
"Si la justicia toma una decisión contraria a la petición española, habrá una crisis", vaticinó recientemente la politóloga belga Emilie Van Haute, interrogada por la AFP.
Su paso por Bruselas también hará que la campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña sea atípica.
El presidente destituido quiere ser candidato a las elecciones al frente de una lista "transversal" apoyada por su partido, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT, conservador).
Este viernes, los candidatos deben presentar oficialmente sus candidaturas.
El presidente de la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva, suena como número dos de la lista.
