El ambientalista y activista político hondureño Juan López, asesinado a tiros el sábado, sabía que su vida corría peligro por su lucha en favor de la protección de los bosques y el rechazo a la explotación minera.
"Si uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia", afirmó López en noviembre de 2021 durante una entrevista con la AFP.
De 46 años, López era un fuerte opositor a la explotación a cielo abierto de hierro en una reserva forestal en la localidad de Tocoa, en el noreste de Honduras.
Desde octubre de 2023 contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas contra él y varios ambientalistas de la región.
Casado y padre de una niña, estaba consciente del riesgo de proteger la naturaleza en un país como Honduras, el cuarto más peligroso para los activistas medioambientales en el mundo, con 18 asesinatos en 2023, de acuerdo con la ONG Global Witness.
"Es un drama. El temor es ese: perder la vida por andar en esto", declaró López a la AFP.
El ambientalista, atacado en la noche por desconocidos dentro de su vehículo tras salir de una iglesia en Tocoa, también fungía como concejal de la alcaldía local por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
"Era un intelectual popular, era un compañero comprometido con los cambios sociales, la defensa de los bienes comunes", dijo a la AFP el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, su compañero en las luchas por la preservación del río Guapinol.
"Le metía mucha reflexión" a los problemas sociales y estaba comprometido con la iglesia católica, señaló.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, destacó a su vez que López "era un ser humano extraordinario, un hombre de pueblo que dio su vida por su pueblo".
En 2021, López declaró que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Berta Cáceres, la reconocida líder ecologista hondureña asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
En 2018, él y varios activistas montaron un campamento que obstaculizó por un tiempo el trabajo de la minera de hierro en Tocoa.
En un enfrentamiento con custodios de la empresa, un ambientalista resultó herido de bala, tras lo que los manifestantes retuvieron al jefe de seguridad de la compañía y un vehículo fue incendiado.
López fue encarcelado por unos días y seis de sus compañeros pasaron más de dos años en prisión.
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