Vestido de uniforme y acompañado por dos policías de Cataluña, el jefe de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, llegó la mañana de este viernes a la Audiencia Nacional de Madrid para declarar como investigado por un presunto delito de sedición.
Esto, por el acoso que sufrió la Guardia Civil durante un registro a la Consejería de Economía de esa comunidad autónoma que pretendía impedir el referéndum independentista que finalmente se realizó el 1 de octubre.
La jueza Carmen Lamela, que investiga el caso, citó también a la intendente de la Policía catalana, Teresa Laplana, y a los jefes de las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó durante horas el edificio mientras los agentes de la Guardia Civil (cuerpo de la seguridad del Estado español) lo registraban por orden judicial.
En esa ocasión, varios agentes de la Guardia Civil quedaron bloqueados por los manifestantes, quienes protestaban por las acciones policiales, que además de registros e incautaciones de material relacionado con la votación incluyeron la detención de 14 personas, entre ellas funcionarios del Gobierno catalán.
La magistrada cree que los cuatro imputados participaron en esos incidentes, que pueden constituir un delito de sedición.
Llegan El delito de sedición se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel, y en este caso se relacionarían con un intento de "romper la organización territorial del Estado".
La Fiscalía ve poco probable solicitar prisión para el jefe de la Policía catalana (Mossos d'Esquadra), si bien esperará a que finalice su comparecencia antes de tomar una decisión respecto a posibles medidas cautelares, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Los Mossos ya adelantaron que Trapero sostendrá en su comparecencia que la Policía cumplió "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum secesionista del 1 de octubre.
En tanto, diputados y senadores de los partidos independentistas llegaron hasta la Audiencia Nacional para apoyar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes arribaron al lugar poco después que Trapero.
