Justo cuando se disipan las sospechas sobre la peligrosidad de su programa nuclear, Irán vuelve a ser objeto de severas críticas por su récord negativo en materia de derechos humanos, atizadas por ejecuciones practicadas con el visto bueno del oficialismo persa.
Este domingo (7.8.2016), Yuval Steinitz, el ministro de Energía de Israel, admitió que Teherán ha respetado el pacto firmado con Alemania y los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a cambio de que se levantaran las sanciones económicas que pesaban sobre el país asiático. Israel es uno de los países que más vehementemente rechazó ese convenio.
Pero esta semana volvieron a llover condenas sobre Irán cuando se supo que allí se había ahorcado, en un solo día, a veinte hombres kurdos descritos por Teherán como integrantes de un grupo extremista sunita. A esas ejecuciones, que tuvieron lugar el pasado martes (2.8.2016), se suma la del físico nuclear iraní Shahram Amiri, denunciada por su madre en entrevista con la BBC de Londres.
El portavoz del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohsení Ejeí, confirmó que el científico fue ahorcado el 3 de agosto. En los últimos años habían surgido informaciones contradictorias sobre ese científico de 39 años, detenido en la república islámica desde 2010.
De Amiri se ha dicho que en 2009 comenzó a hacer labores de espionaje para Estados Unidos. Sin embargo, también se alega que el físico fue secuestrado en Arabia Saudita por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y trasladado a Estados Unidos para revelar información sobre el programa nuclear iraní.
Por su parte, Washington siempre ha desmentido que Amiri estuviera contra su voluntad en Estados Unidos. En 2010, el científico regresó a Irán, donde primero fue celebrado como un héroe y luego detenido bajo el cargo de espiar para Estados Unidos. En su país fue condenado a diez años de prisión.
Este sábado (6.8.2016), el ministro de Exteriores persa, Mohamad Yavad Zarif –quien iniciará una gira por Cuba, Nicaragua, Ecuador, Chile y Bolivia el 21 de agosto–, calificó de “intervención en asuntos internos de la República Islámica de Irán” la posición de la ONU y de las autoridades estadounidenses y europeas frente a las ejecuciones consumadas en la primera semana de agosto.
El portavoz de la cartera, Bahram Qasemí, sólo se refirió al caso de los veinte hombres kurdos tachados de terroristas por Teherán, lamentando que un organismo internacional y Estados occidentales desestimaran los crímenes cometidos por los ejecutados.
En una circunstancia poco común en Irán, donde las ejecuciones no suelen ser anunciadas públicamente, el Poder Judicial de la provincia de Kurdistán emitió un comunicado el pasado 3 de agosto en el que señalaba escuetamente que las sentencias de muerte que pesaban sobre los miembros de ese grupo habían sido cumplidas el 2 de agosto.
Desde su sede central en París, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) criticó la falta de un juicio justo y las ejecuciones “de prisioneros suníes”, que, según su calculo, afectaron a veintiún personas y no a veinte. La ONU secundó esos reproches.
