Por AFP
El presidente catalán destituido por el gobierno español, Carles Puigdemont, se encontraba este lunes en Bruselas. Por lo tanto, el gobierno español tomó las riendas del poder en Cataluña sin resistencia.
"Está en Bruselas", declaró una fuente oficial a la AFP, sin mayores precisiones. Por su parte, el diario catalán La Vanguardia informó que Puigdemont estaba acompañado por varios miembros del Ejecutivo catalán cesado el viernes, dentro de las medidas del gobierno español para tomar el control regional luego de que su Parlamento proclamara la independencia.
Además, esto ocurre luego de que el fiscal general del Estado español anunciara una querella por el grave delito de "rebelión" contra los miembros del gobierno catalán destituido, acusados de haber provocado una crisis institucional que llevó a la declaración de independencia de Cataluña.
El domingo, un ministro belga, separatista flamenco, había insinuado que el país podría ofrecer asilo al gobierno independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.
"La querella contra los miembros del gobierno se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional" en Madrid, indicó el fiscal José Manuel Maza, quien también acusa al presidente catalán cesado Carles Puigdemont y su Ejecutivo de "sedición, malversación de fondos y prevaricación".
De todas maneras, la juez de turno, Carmen Lamela, quien ya lleva otra causa ligada al independentismo catalán, decidirá en los próximos días si admite a trámite la querella y si mantiene todos los cargos o solo algunos.
El delito de rebelión, está penado en España con entre 15 a 30 años de prisión y el de sedición con hasta 15 años.
En su querella, Maza pide citar a los concernidos con "carácter de urgencia", y en "caso de incomparecencia", su "inmediata detención".
Asimismo, el fiscal anunció otra querella ante el Tribunal Supremo por los mismos delitos contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros dirigentes de ese órgano, que el viernes pasado tramitaron la declaración de independencia, aprobada por 70 de 135 diputados catalanes.
En respuesta, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, adoptó el viernes una batería de medidas para tomar el control de Cataluña, entre ellas el cese del Ejecutivo catalán, la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones regionales para el 21 de diciembre.
El fiscal Maza afirmó que las autoridades catalanas "con sus decisiones y actos han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre".
Además, Maza solicita que se establezca una fianza de 6,2 millones de euros para el conjunto del gobierno catalán cesado y otra por igual monto para los dirigentes del Parlamento catalán.
Hacia las elecciones
La región se dirige ahora a una nueva contienda electoral para calibrar fuerzas entre los partidarios y los contrarios a la secesión, que se reparten casi a partes iguales entre los catalanes.
Entre las medidas adoptadas el viernes, Rajoy decretó la disolución del parlamento regional y la convocatoria de elecciones regionales el 21 de diciembre. Por el momento, la cámara, dominada por los separatistas, pareció aceptar la decisión y desconvocó una reunión prevista para el martes.
En un ambiente de precampaña, la asociación Sociedad Civil Catalana congregó el domingo a cientos de miles de personas en una manifestación por la unidad de España con el lema "Todos somos Cataluña" en el centro de Barcelona, donde resonaron insistentemente gritos de "Puigdemont a prisión".
Participaron los principales partidos favorables a la unidad española -Ciudadanos (liberal), socialistas y el Partido Popular de Rajoy-, que invitaron a sus seguidores a votar masivamente el 21 de diciembre.
También parecen dispuestos a concurrir a estos comicios convocados por Rajoy los partidos independentistas que hace apenas dos días proclamaron una república.
"El día 21 iremos a las urnas, iremos convencidos", explicó Marta Pascal, la coordinadora del partido de Partido Demócrata Catalán (PDeCAT) de Puigdemont.
Sus hasta ahora compañeros de coalición, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), apuntaron en la misma dirección.
Son "unas elecciones ilegítimas", pero "el 21 de diciembre encontraremos la manera de participar", dijo Sergi Sabriá, portavoz de ERC, que lidera los sondeos electorales en la región.
Según las últimas escuestas publicadas, los independentistas podrían perder en estas elecciones la mayoría absoluta del parlamento regional obtenida en septiembre de 2015 por primera vez en su historia
