Independentistas bloquean carreteras y trenes a un año del referéndum catalán
Independentistas bloquean carreteras y trenes a un año del referéndum catalán
AFP
Grupos independentistas catalanes bloquearon este lunes una vía de tren de alta velocidad, así como autopistas y calles de Barcelona, en el primer aniversario del referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia y marcado por la violencia policial.
Descontentos con el rumbo de moderación del actual gobierno regional dirigido por Quim Torra, un fiel del expresidente Carles Puigdemont, los llamados Comités de Defensa de la República, lanzaron varias acciones sorpresa para exigir la ruptura con Madrid.
"Votamos independencia", recordaba una pancarta de los manifestantes que cortaban una céntrica calle de Barcelona, donde organizaron protestas frente a las oficinas de la agencia tributaria española, la delegación del Banco de España o la sede de la patronal catalana, contraria a la secesión.
La compañía ferroviaria Renfe informó a través de su cuenta de Twitter que el "servicio de alta velocidad Figueres-Girona-Barcelona se encuentra interrumpido" debido a la "invasión de vías en Girona", un feudo independentista.
La televisión local difundió imágenes de los Comités de Defensa de la República (CDR), que exigen la ruptura con Madrid, bajando a las vías o bloqueando arterias.
El Servicio Catalán de Tránsito confirmó cortes en la autopista A-7 entre Barcelona y Valencia y la autovía A-2, entre Barcelona y Lérida.
El referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 supuso un hito histórico para el separatismo aunque, finalmente, no les sirvió para crear el país independiente que deseaban.
A pesar de la prohibición judicial y la violenta actuación de la policía enviada por Madrid para impedir la votación, participaron 2,3 millones de personas y un 90% apostaron por la independencia, según las cifras ofrecidas por el gobierno regional.
Con ese balance, no verificado internacionalmente, el Parlamento catalán proclamó una república el 27 de octubre rápidamente abortada por el gobierno español, que destituyó a Puigdemont y disolvió la cámara catalana.
