Por Moisés Avila (France Presse)
El Presidente peruano, Ollanta Humala, enfrenta su peor crisis a un año de terminar su mandato, luego de que el Congreso censuró a su primera ministra y le obligó a buscar un reemplazo que debe ser validado por un Parlamento donde no tiene mayoría.
Ana Jara fue censurada por 72 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones, decisión que obliga a Humala a renovar por séptima vez a su primer ministro en cuatro años de gestión debido a diversas crisis políticas, pero donde no hubo censura por parte del Congreso.
Jara es considerada responsable política del rastreo a legisladores, periodistas, empresarios y centenares de ciudadanos por parte del servicio de inteligencia, una actividad que data al menos desde el año 2005 -según las denuncias de prensa- cuando aún no gobernaban, pero que estalló en sus manos.
"Doy gracias al señor Jesús por haberme dado la oportunidad de servir al país desde el Ejecutivo. Es una honra que el Congreso me censure", dijo Jara en su cuenta de Twitter.
Para el oficialismo, se trata sólo de un pretexto para desestabilizar al gobierno a un año de las elecciones generales, donde además se ha tensado el clima político e intensificado las protestas sociales.
"Es una lamentable muestra de chantaje político y aprovechamiento electoral sin pensar en las consecuencias del país", dijo la esposa del presidente y líder del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, en su cuenta de Twitter.
Humala tiene 72 horas para aceptar la renuncia y buscar reemplazo. La censura al primer ministro obliga al resto del gabinete a poner sus cargos a disposición, aunque pueden ser ratificados por el sucesor.
Rastreo a políticos
El 19 de marzo pasado, la revista Correo Semanal difundió un archivo digital con la lista de diversas personalidades peruanas que habrían sido investigadas por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), entre ellas políticos y sus familiares, periodistas, empresarios y miles de ciudadanos.
Tras revelarse el caso, Jara, quien en julio cumplía un año en el cargo, fue citada al Congreso, donde informó que pidió una investigación fiscal y detalló que la búsqueda de datos se remontaba por lo menos a dos gobiernos previos.
El gobierno dispuso a inicios de febrero el cierre temporal de la DINI, entidad acusada de espiar tanto a autoridades de gobierno como a opositores. El desgaste del gobierno y la falta de cuadros políticos en la recta final, harían difícil al mandatario conseguir una figura de consenso.
En caso de que el Congreso también censure al primer ministro que reemplace a Jara, Humala tiene la facultad de disolver el Parlamento y convocar a elecciones legislativas. "No es una buena señal la que se ha dado pero es parte del juego democrático (...) Esta censura genera un nivel de crisis de desconfianza sobre la estabilidad política, porque algunos ministros van a cambiar", dijo el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga a la emisora radial RPP.
"La votación de ayer en el Congreso confirma que este ya es un gobierno de transición", consideró por su parte el analista político Juan de la Puente. En febrero, y también bajo amenazas de censura, Humala debió cambiar a cinco de sus ministros para calmar el clima político y tender puentes con la oposición.
Entre ellos sacrificó a su popular ministro del Interior, Daniel Urresti, quien admitió el uso de armas letales para reprimir una protesta contra la compañía Pluspetrol, donde murió un manifestante y decenas resultaron heridos en la localidad selvática de Pichanaki.
El panorama para Humala, que cuenta con un 22% de aprobación, se complica además porque su esposa Nadine Heredia, es investigada por lavado de activos, al igual que su principal aliado, el ex gobernante Alejandro Toledo.
Paralelamente, el gobierno de Humala ha debido enfrentar una serie de protestas principalmente contra la industria de extracción de recursos naturales, importante actividad productiva del país, con nativos que reclaman una retribución por el uso de sus tierras y denuncias por daños al medio ambiente.
La ministra Jara ha tenido una participación activa en la mediación de conflictos, logrando apaciguar algunos de ellos en la Amazonia. Se esforzó además por tender diálogos con la oposición. Perú, el quinto mayor productor mundial de oro, registró un crecimiento económico de 2,35% en 2014, el menor en cinco años, golpeado por un retroceso en minería y pesca, sus principales actividades productivas. Esta es la tercera vez que el Congreso peruano censura a un primer ministro en los últimos cien años.
