Hermana del rey de España enfrenta juicio por corrupción y malversación de fondos

AFP

Llegó el día que muchos españoles esperaban: Cristina de Borbón, hermana del rey, se sienta este lunes ante un tribunal por uno de los mayores escándalos de corrupción que indignan a la población y al que ella todavía espera escapar.

En una sala presidida por el retrato de su hermano menor, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014, la infanta, de 50 años, protagonizará a partir de las 9:15 de la mañana (8:15 GMT) la apertura del "juicio del año" junto a otros 17 acusados.

Antes, tendrá que pasar ante cientos de periodistas de todo el mundo agolpados a la entrada del tribunal, en Palma de Mallorca, la soleada capital de las islas Baleares.

Y ante los manifestantes, reunidos para exigir que "la justicia sea igual para todos", ilustrando el hartazgo de millones de españoles que en los últimos años vieron multiplicarse los escándalos de corrupción mientras ellos sufrían las consecuencias de la crisis. Y a menudo salieron a las calles ondeando banderas republicanas contra las élites económica y política.

La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su esposo, Iñaki Urdangarin, y un exsocio de éste.

La infanta siempre ha defendido desconocer estos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la monarquía.

Llegada a España para el juicio desde Suiza, donde vive desde 2013, Cristina está "dispuesta a asumir su presencia con tranquilidad", aseguró a los periodistas este fin de semana su abogado, Miquel Roca.

"No nos tiene que doler que las parejas se entiendan y se quieran", agregó, insistiendo en la estrategia del amor.

"La Casa Real era informada"

Urdangarin, de 47 años, exmedallista olímpico de balonmano, y su exsocio Diego Torres están acusados de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

Después, esos beneficios eran supuestamente desviados a varias empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.

Urdangarin será juzgado por prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificción y blanqueo. El fiscal pide para él 19,5 años de cárcel y 16,5 para Torres.

Exprofesor de administración de empresas, Torres siempre ha defendido que Juan Carlos I estaba al corriente de los negocios de Nóos y durante la instrucción aportó cientos de correos electrónicos atribuidos a Urdangarin que parecían confirmarlo.

"La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba", volvió a afirmar el domingo por la noche en una entrevista al canal privado de televisión La Sexta.

"Nosotros estábamos muy tranquilos de que nada de esto podía ser objeto de ningún cuestionamiento", agregó.

El juez instructor intentó demostrar que la infanta participaba de los negocios de su marido, pero la oposición del fiscal sólo le permitió procesarla por fraude fiscal. Un cargo que la fiscalía y la Hacienda pública ni siquiera secundaron: la infanta está únicamente denunciada por una acusación popular, la asociación ultraderechista Manos Limpias.

Ahí radica su esperanza de escapar al juicio.

Roca pedirá que se le aplique la conocida como 'doctrina Botín' que en 2007 evitó al poderoso banquero Emilio Botín -difunto presidente del Santander-, ser juzgado en un escándalo financiero al ser únicamente denunciado por una acusación popular.

"Hay una gran diferencia, aquel era un tema particular y éste un tema público. La Hacienda pública somos todos los españoles", dice a la AFP Miguel Bernad Remón, responsable de Manos Limpias.

"Sería otro escándalo mayúsculo, porque hablaríamos de una sentencia dictada a la carta para que no se sentara en el banquillo el mayor y más importante financiero de España y Europa, y ahora sería para que no se sentara en el banquillo un miembro de la familia real", sentencia.

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