El Grupo de Lima denunció este lunes que "hay informaciones de serias y creíbles amenazas a la familia de Juan Guaidó".
"Queremos responsabilizar a Maduro de cualquier acción contra Guaidó y sus familiares. Si sucede, daría lugar a que el Grupo de Lima actué con todos los medios diplomáticos y políticos", afirmó el canciller Colombiano, Carlos Holmes Trujillo, tras leer la declaración.
Junto con esto, los países exigieron la salida inmediata del que denominaron "usurpador" Nicolás Maduro y señalaron que "Juan Guaidó es el futuro, Maduro el usurpador es el pasado, la hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela viva en democracia y libertad".
También solicitaron a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la negación de asistencia humanitaria al considerarla un crimen de lesa humanidad.
En ese contexto, solicitan la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de "un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por 'las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria' en ese país".
Asimismo, reiteraron su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet, a "responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos".
"La transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente, apoyados por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza", expresaron.
Por otro lado, detallaron el ofrecimiento de Chile de ser sede para el próximo encuentro del grupo de países.
Los firmantes condenaron las acciones deliberadas del régimen de Nicolás Maduro que impidió el 23 de febrero el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil.
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, denunciaron a Maduro por estar "sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder".
En esa línea, agradecieron la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela, y condenaron la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio de Maduro para "obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia".
Manifestaron también que la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa "una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos".
Y afirmaron que promoverán el reconocimiento de Guaidó en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales, como representantes legítimos de Venezuela. De ese modo, reiteraron su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al Presidente Encargado como su Comandante en Jefe.
Junto con eso, hicieron un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que "abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles".
Finalmente, el Grupo de Lima expresó su disposición a convocar una conferencia internacional, y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos.
