El gobierno de Perú negó que en el país exista una política de violación de derechos humanos y que la actuación de sus autoridades esté marcada por el racismo, rechazando un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la represión estatal de recientes manifestaciones antigubernamentales.
"El gobierno (...) es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un 'racismo sistémico' en el actuar de las distintas autoridades", señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado la noche del sábado.
AI advirtió el pasado jueves que el gobierno peruano está "cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales".
Según la oenegé, las autoridades habrían actuado además "con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas".
Las protestas en Perú estallaron hace más de dos meses exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. Durante estas manifestaciones han fallecido 48 civiles en enfrentamientos con cuerpos de seguridad.
El grueso de los fallecimientos tuvo lugar en zonas andinas del sur y suroeste, marcadas por grandes brechas sociales.
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"La represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población Indígena y campesina" por parte de la policía, señala el reporte de Amnistía.
El Ministerio de Justicia afirmó que está facilitando el desarrollo de investigaciones del Ministerio Público para identificar "a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida", así como de daños a la propiedad pública y privada durante los meses de protestas.
Señaló también que desde diciembre pasado creó una comisión temporal para implementar acciones en favor de los deudos de los muertos y heridos durante las movilizaciones.
Además, resaltó que el gobierno es "consciente" de que "la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos".
Boluarte asumió el 7 de diciembre tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo cual generó un extendido movimiento de protesta de sus partidarios.
La representante regional de AI se reunió el miércoles pasado con Boluarte, a la que presentó evidencias de que agentes de seguridad peruanos hicieron uso excesivo y letal de la fuerza.
El martes pasado, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas ocurridas en diciembre en la región de Apurímac.
Otra investigación fiscal busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el 15 de diciembre en Ayacucho.
