El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, respondió al requerimiento de Mariano Rajoy, que si persiste la represión y la falta de diálogo se podrá votar la declaración de independencia.
Ante esto, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que "ante la ausencia de respuesta en estos términos, el Gobierno entiende que no se ha respondido el requerimiento y continuará con los trámites previstos para aplicar el artículo 155".
Ese artículo permite al gobierno de Madrid intervenir directamente en la autonomía catalana si se establece que la administración local incumple la ley.
"El gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña", cita el ejectuvo.
Ante este escenario, el Consejo de Ministros se reunirá de manera extraordinaria y aprobará las medidas que elevará al Senado, "a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma".
La aplicación del 155 llevará días
El artículo 155 dice que el gobierno central "podrá adoptar las medidas necesarias" para forzar a una comunidad autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, un trámite que podría alargarse varios días.
La mayoría independentista del Parlamento catalán se comprometió a proclamar la secesión si ésta se imponía en el referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional. Así fue, con 90% de los votos a favor pero una participación inferior a la mitad del censo.
Rajoy viajará este jueves a Bruselas para participar en una cumbre europea, y la primera reunión del conjunto del gobierno no será hasta el sábado.
En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo, un guante lanzado e ignorado por el gobierno central, que insiste en que la declaración rompería la legalidad española.
"No se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución", dijo el jefe del gobierno español en el Congreso el miércoles.
El 155 podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los "Mossos d'Esquadra".
Pero eso también podría generar fuertes movilizaciones -que empezarán este mismo jueves por la tarde- y una inestabilidad creciente en la región, muy dañina para la economía.
La salida de unas elecciones regionales
El ejecutivo de Rajoy tendió un puente de última hora. Una fuente del gobierno español confirmó a la AFP que no invocarían el Artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones regionales.
Se ignora si esa oferta se extiende a los días del trámite del 155, lo que supondría de facto un tercer plazo para Puigdemont.
El clima se mantenía tenso desde que el lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña.
En el frente independentista, los aliados parlamentarios de Puigdemont, la CUP, le exigen que proclame inmediatamente la independencia. Sus diez diputados son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.
El gobierno central no ha avanzado qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren que desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.
