El ministro español de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó este martes la medida. No obstante, al tratarse de un decreto ley, éste tendrá que ser validado por el Parlamento, lo que probablemente no ocurrirá hasta septiembre.
En declaraciones a una emisora española el ministro dijo que un decreto ley es la fórmula más adecuada para reformar la Ley de Memoria Histórica, ya que así se evitaría que cuestiones judiciales impidan acometer "cuanto antes" la exhumación de los restos de Franco.
Una decisión política
Ya a principios de agosto, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó de "política" la decisión de exhumar los restos del dictador, una medida reclamada desde partidos y organizaciones de izquierda, disconformes con la presencia de la tumba de Franco en un lugar que se puede visitar y en cuya construcción participaron presos republicanos.
El general Franco gobernó España desde el final de la Guerra Civil (1936-39) hasta su muerte en 1975.
Familiares se oponen a exhumación
Mientras que la Iglesia ya anunció que no se opondrá al traslado, los descendientes del difunto insisten en que siga en la tumba actual. Ayer, el presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, dijo que "un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella".
En mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta para proceder a la exhumación de los restos del dictador de su tumba.
A su muerte, Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, un monumento que mandó construir a 50 kilómetros al norte de Madrid, y donde hay enterrados miles de combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil.
En la actualidad la Justicia española tramita algunas peticiones de familiares de republicanos enterrados a la fuerza en ese lugar y cuyos restos quieren recuperar.
