El presidente de izquierda, Gustavo Petro, anunció este sábado que comprará 3 millones de hectáreas de tierra a los ganaderos de Colombia para redistribuirla entre campesinos ante la alta concentración de la propiedad rural.
"Se firmó un pacto histórico (...) Es la decisión libre de los poseedores de tierra, dedicados a las ganaderías extensivas, de vender una parte de tierras fértiles que tienen un mejor uso en el mundo agropecuario, para ser entregadas a los campesinos", dijo el mandatario, citado en un boletín.
[VIDEO] Atacaron con bombas molotov y balazos en condominio de Quilicura
El primer gobierno de izquierda de Colombia asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de llevar a cabo una "reforma agraria" que redistribuya las parcelas cultivables entre campesinos "sin tierra", incluidos afros e indígenas.
"El origen de la violencia es la absurda y concentrada tenencia de la tierra en Colombia (...) no solucionar el problema fundamental que genera la violencia es prácticamente conminar al país a carencias, a pobrezas, a falta de progresos y a la muerte de muchos de sus integrantes", añadió Petro.
En los años 1960, campesinos se levantaron en armas exigiendo mayor acceso, lo que desató el conflicto interno que todavía persiste y que se agravó con la entrada en combate de grupos paramilitares que lucharon contra las guerrillas y despojaron de sus fincas a miles de familias.
Colombia es uno de los países con el reparto más desigual de la tierra, según la ONG inglesa Oxfam.
De acuerdo a datos oficiales, 39,6 de las 114 millones de hectáreas del país son cultivables, aunque en la actualidad solo el 12% (5,3 millones) están siendo aprovechadas.
La Federación Colombiana de Ganaderos calcula que unas 37 millones de hectáreas están destinadas a los bovinos.
El gobierno de Petro pretende distribuir diez millones de hectáreas para cultivar, como quedó acordado en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC de 2016.
La llegada del izquierdista al poder animó a indígenas y a otros campesinos a ocupar a la fuerza predios en por lo menos diez de los 32 departamentos del país, uno de los primeros conflictos sociales que ha enfrentado este gobierno.