El gobierno brasileño incluyó este miércoles nueve empresas en la lista de las que pretende privatizar, entre ellas Correos y el puerto de Santos, el mayor de América Latina, con una expectativa de recaudar 700.000 millones de reales (175.000 millones de dólares).
Con esa nómina, ya son una veintena los activos (empresas, acciones y servicios) incluidos en el plan de privatizaciones y concesiones (PPI) con el cual el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, esperan reducir el volumen de la deuda pública y dinamizar una economía estancada.
Petrobras, la joya de la corona, permanece fuera de la nómina, aunque los mercados se vieron animados el miércoles por señales del equipo económico de que podría entrar en la lista antes de 2022, cuando finalice el mandato de Bolsonaro. Los títulos de la compañía ganaron más de 5%.
Bolsonaro pidió la semana pasada acelerar los procesos de desestatización, privatizando "por lo menos una pequeña [empresa] por semana".
El plan inicial del gobierno es recaudar 1,3 billones de reales, pero con los anuncios de este miércoles la suma podría llegar a 2 billones (500.000 millones de dólares), indicó el ministro de la Casa Civil (jefe de gobierno), Onyx Lorenzoni, en una ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto.
Aparte de Correos y el puerto de Santos, el paquete está integrado por Telebras (telefonía), Dataprev y Serpro (procesamiento de datos), así como por empresas gestoras de activos como ABGF y Emgea, tecnológicas como Ceitec y la Compañía de Depósitos y Almacenes de Sao Paulo.
La perspectiva de los anuncios alentó a los inversores. La Bolsa de Sao Paulo cerró con un alza de 2%, en tanto que las acciones ordinarias de Eletrobras se dispararon un 12,39%.
En el paquete anterior, aparte de Eletrobras, figuraban la Casa de la Moneda y las loterías.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT, oposición de izquierda), Gleisi Hoffmann, denunció la venta de algunos "activos estratégicos", en detrimento de la "soberanía" de Brasil.
El banco de fomento BNDES debe definir los modelos del paso del control de cada empresa a manos privadas.
"Algunas empresas tendrán un modelo muy sencillo, apenas necesitarán de una autorización, pero para otras habrá que cambiar la Constitución", explicó a la AFP Margarida Gutierrez, profesora de macroeconomía del instituto Coppead de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).
Ello se debe a que las filiales de estatales pueden ser vendidas directamente, según decidió en junio la corte suprema, abriendo la puerta a la venta de la red de gasoductos TAG, una filial de Petrobras, a un consorcio liderado por la francesa Engie, por 8.600 millones de dólares.
Gutierrez sostiene que "la mayoría de las [estatales] son completamente ineficientes" y que su desestatización permitirá dar "más eficacia de productividad y avanzar en reformas estructurales".
