Fiscalía de Perú pide 18 meses de prisión para expresidente Vizcarra
Fiscalía de Perú pide 18 meses de prisión para expresidente Vizcarra
La Fiscalía de Perú pidió este viernes (12.03.2021) 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), como parte de la investigación que hace de la denuncia de que recibió sobornos de empresas constructoras cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014.
La medida fue solicitada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien próximamente deberá tomar una decisión sobre ese asunto, según medios locales.
Vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido un total de 2,3 millones de soles (unos 647.000 dólares) entre 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua, supuestamente de empresas de la construcción que se encargaron de las obras de un hospital regional y un proyecto de irrigación.
Investigación y crisis
El fiscal Juárez, que integra el equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, abrió en octubre pasado una investigación preliminar contra Vizcarra, quien por entonces era presidente del país, por la presunta comisión de los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.
En ese momento, Vizcarra dijo que respetaba la independencia de poderes y que acataría las determinaciones del Ministerio Público.
Sin embargo, después de que medios locales ofrecieran detalles de estas acusaciones, el Congreso que dominaba la oposición sometió a Vizcarra a un juicio político y, finalmente, lo destituyó de la jefatura del Estado, el 9 de noviembre, por "incapacidad moral".
Esa decisión llevó a masivas protestas en el país contra la toma de mando, el 10 de noviembre, por el entonces presidente del Congreso Manuel Merino, quien renunció al cargo cinco días después, tras la brutal represión de las manifestaciones en Lima, que dejaron dos muertos y cientos de heridos.
El 17 de noviembre asumió la presidencia peruana el también legislador Francisco Sagasti, quien conduce un gobierno de transición hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá entregar el poder al mandatario que será elegido en los comicios generales del 11 de abril.
