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Fiscalía de Bolivia da luz verde a eventual juicio a ex presidente Carlos Mesa

Fiscalía de Bolivia da luz verde a eventual juicio a ex presidente Carlos Mesa
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El Ministerio Público validó la propuesta de acusación presentada por la Procuraduría del Estado en el marco de una investigación por un caso que provocó el pago de una millonaria indemnización. La palabra final la tendrá el Congreso, controlado por el sector de Evo Morales.

El ex presidente de Bolivia y vocero de la demanda marítima ante La Haya, Carlos Mesa, podría enfrentar un juicio por el caso Quiborax, como se conoce la indagatoria por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones que la firma chilena tenía en el salar de Uyuni, y donde el Estado boliviano tuvo que pagar una indemnización de 42 millones de dólares. 

Esto luego que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, validara la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría del Estado. “Este requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, explicó Guerrero. 

La decisión -explicó el fiscal en declaraciones publicadas por el diario La Razón- se tomó luego de revisar la "acumulación de antecedentes" del caso, entre ellos la actuación del propio Mesa, quien no respondió a las 20 preguntas que le formularon los investigadores. 

Ahora, el caso deberá ser revisado por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia. En caso de considerar que procede un juicio, este deberá contar con la venia de dos tercios del Congreso, controlado por el MAS, el sector de Evo Morales, quien es adversario político de Mesa. En las últimas semanas, los parlamentarios oficialistas han lanzado una dura ofensiva contra Mesa, a quien culpan de las millonarias pérdidas ocasionadas por el caso. 

Con el visto bueno del Congreso, se podría iniciar un enjuiciamiento, que tendrá que ser "oral, publico, continuo e ininterrumpido", explicó el fiscal. 

Según consiga La Razón, horas antes que se conociera esta determinación, el vocero de la demanda ante La Haya enumeró "graves hechos" con los que acusó a la actual administración de ser la responsable de la pérdida del arbitraje. Una medida que, asegura, se habría hecho de forma intencionada para afectar su carrera política, considerando que diversos sondeos lo posicionan como el único que podría frenar los intentos de Evo por mantenerse en el poder hasta 2025. 

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