AFP
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidió este jueves el ingreso al Ministerio Público de la abogada chavista que la reemplazará si es destituida, en un nuevo desafío al gobierno de Nicolás Maduro.
Katherine Haringhton llegó sorpresivamente a la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los portones cerrados, decidió retirarse sin tomar posesión de su cargo como vicefiscal.
"Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de ingresar al MP", dijo Ortega, quien enfrenta un proceso judicial que podría llevar a su remoción en los próximos días.
En un comunicado que difundió en la noche del jueves, el Ministerio Público acusó a la corte de haber usurpado funciones de Ortega y el Parlamento, de mayoría opositora, cuando hizo la designación de Haringhton, que calificó de "inconstitucional, ilegal, (e) ilegítima".
El TSJ, acusado de servir al gobierno, fue blanco este jueves de la ola de manifestaciones que desde hace tres meses realizan opositores -con saldo de 91 muertos- para exigir la salida de Maduro del poder, en medio de una devastadora crisis económica.
Pero las fuerzas de seguridad bloquearon la marcha en el este de Caracas con bombas lacrimógenas, lanzadas incluso dentro de un concurrido centro comercial. Según las autoridades, 45 personas, entre ellas 17 niños, fueron atendidas de emergencia por los efectos de los gases.
La prensa local reportó disturbios nocturnos en varios puntos de la capital.
"Hoy tiene más sentido tomar las calles después del asalto paramilitar que hicieron al Congreso", dijo el alcalde opositor David Smolansky.
El miércoles, seguidores del gobierno hirieron a siete diputados al irrumpir en la sede del Parlamento, que permaneció bajo asedio de partidarios oficialistas durante nueve horas.
La incursión violenta, que Maduro condenó sin admitir que haya sido obra de seguidores suyos, fue repudiada por varios países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, el Mercosur y la Organización de Estados Americanos (OEA).
"No es un Estado forajido"
Haringhton fue juramentada hace dos días por el TSJ, poco antes de una audiencia que realizó el tribunal para decidir, en los próximos tres días, si enjuicia a Ortega por "faltas graves", acusada por el oficialismo de mentir en señalamientos contra los magistrados.
"Veníamos a hacer un equipo de trabajo, a procurar la reflexión de la fiscal general para actuar en pro del país. (...) Yo tengo una misión, he sido juramentada para cumplirla", aseveró la vicefiscal, quien dijo estar segura de que Ortega "va a pensar un poco mejor en calma".
Tras años de línea oficialista, Ortega se convirtió hace tres meses en una de las principales adversarias de Maduro y del TSJ, y el martes se negó a comparecer en la audiencia al señalar que no convalidaría un "circo" cuyo resultado está "cantado".
El Ministerio Público sostiene que la aprobación del nombramiento de la vicefiscal es potestad exclusiva del Legislativo, así como la remoción de la fiscal. Pero el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
"Me parece muy bien que no la hayan dejado entrar, porque es una usurpación. Todo poder que no controla, el gobierno trata de neutralizarlo sin importar que viole la Constitución", dijo el diputado y exjefe parlamentario Henry Ramos Allup.
Haringhton, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada en 2015 por Estados Unidos, que la acusa de violaciones a los derechos humanos al haber enviado a la cárcel a dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
"Me comprometo a hacer cumplir las leyes. Este no es un Estado forajido", manifestó la vicefiscal.
"¡Todos a votar!"
En plena tensión, Maduro sigue adelante con el proyecto de una Asamblea Constituyente que será elegida el 30 de julio. Dos semanas antes, la oposición realizará un plebiscito simbólico para demostrar, según sus dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de los venezolanos.
Este jueves, Maduro exigió a todos los empleados públicos -unos 2,8 millones- votar "sin excusa".
"Empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a votar por la Constituyente!", expresó el mandatario.
El año pasado, sindicatos denunciaron que más de un millar de empleados estatales fueron despedidos por firmar en respaldo a un referendo revocatorio que la oposición promovía contra el gobernante, una consulta que tribunales bloquearon en octubre.
