Duterte tomó la medida después de que rebeldes del NPA (por sus siglas en inglés), brazo armado del ilegal partido comunista filipino (CPP), perpetraran varios ataques contra las fuerzas de seguridad.
Los asaltos ocurrieron después de que la guerrilla pusiera fin a la tregua el miércoles (1.02.2017), acusando al Gobierno de traición y violaciones a los derechos humanos.
Esto, a su vez, que llevó a Duterte a hacer lo mismo el viernes, dejando sin efecto el alto el fuego que él mismo declaró unilateralmente hace medio año, convertido en bilateralluego de que ambas partes iniciaran el diálogo.
"Puede que la paz no llegue en esta generación"
"Las conversaciones de paz permanecerán canceladas a menos de que haya razones convincentes de que serán en beneficio del interés de la nación", dijo Duterte esta noche de sábado, según la televisión GMA.
Las conversaciones de paz permanecerán canceladas a menos de que haya razones convincentes de que serán en beneficio del interés de la nación
Gobierno y rebeldes comenzaron en enero en Roma la tercera ronda de negociaciones y debían reunirse este mes en Holanda, para abordar un alto el fuego bilateral antes de reanudar las negociaciones de paz en Oslo el próximo abril.
"Pediré al contingente filipino que desmonte las tiendas y regrese a casa (...) No estoy dispuesto a reanudar las conversaciones de paz", dijo Duterte. "Quiero decirle al pueblo filipino: puede que la paz con los comunistas no llegue en esta generación", añadió.
Obstáculo en las negociaciones
El principal escollo de las negociaciones fue la negativa del gobierno filipino de poner en libertad a unos 140 presos vinculados a esta guerrilla de inspiración maoísta, que se levantó en armas contra el Gobierno de Manila en 1969.
El NEP cuenta actualmente con entre unos 4.000 y 6.000 combatientes regulares, que en la décadad e 1980 habrían ascendido hasta 26.000 y que han llevado a cabo atentados, asesinatos, secuestros y extorsiones con un balance de más de 30.000 muertos en las últimas décadas.
Gobierno controvertido
El actual Gobierno filipino, mientras tanto, sigue generando polémica por su sangrienta "guerra contra las drogas". En este contexto, la iglesia filipina denunció este domingo el "reino de terror" creado por la controvertida estrategia antidrogas del presidente Duterte, que desde junio ha causado más de 7.000 muertos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas (CBCP, en inglés) abogó por combatir el tráfico ilegal de drogas pero mostró su preocupación por los asesinatos cometidos en esta campaña, y por la situación en la que quedan las familias de las víctimas. Pero el gobierno rechazó las observaciones de los obispos y a través del portavoz presidencial, Ernesto Abella, aseguró que la campaña contra la droga no ha creado un reino de terror sino "de paz".
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