"No hagas mención de mi nombre ni de mi comunidad religiosa".
Es lo primero que advierte antes de hablar con BBC Mundo Jaime, un nicaragüense que pertenece a la Iglesia católica desde hace 24 años y que pide que lo identifiquemos con un nombre ficticio. "Ser católico en Nicaragua, en este tiempo de persecución, es un riesgo".
La conversación, que se realiza a través de la app de mensajería Telegram por razones de seguridad, se produce días antes de lo que será la primera Semana Santa en Nicaragua sin procesiones religiosas en espacios públicos, en un acto más de la disputa del gobierno del presidente Daniel Ortega con la Iglesia católica.
Así lo reveló el obispo de la diócesis nicaragüense de León y Chinandega (occidente), Sócrates René Sandigo, a través de un audio que se envió a los sacerdotes y que divulgó la prensa local:
"A muchos les ha dicho la autoridad que el viacrucis solamente se puede hacer interno o en el atrio de la iglesia. A otros todavía no. Por lo tanto, es preferible que todos hagamos mejor los viacrucis a lo interno del templo o en el atrio para que mantengamos esa comunión", orientó Sandigo.
Una fuente eclesiástica de la Arquidiócesis de Managua dijo al diario La Prensa que, después de la misa del Miércoles Ceniza las autoridades policiales comunicaron "que no había permiso por razones de seguridad para hacer los viacrucis".
El ambiente dentro de las iglesias en Nicaragua se ha tornado tenso ante la presencia de policías vestidos de civiles, que asisten para informar a sus superiores sobre cualquier acto considerado como subversivo.
Apenas unos días antes, Ortega -quien ostenta el poder desde hace 14 años- había arremetido contra el clero al calificarlo de "mafia" y de ser una organización antidemocrática.
Sus palabras se producían en rechazo a las declaraciones del papa Francisco, quien lamentó la condena de 26 años de prisión contra el monseñor Rolando Álvarez y reclamó una "búsqueda sincera" de la paz a los actores políticos en Nicaragua.
"Si vamos a hablar de democracia (...), el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo, luego a los obispos, a los cardenales, y tendría que haber una votación en el pueblo católico en todas partes para que se elija también al papa por voto directo del pueblo", indicó Ortega. "¡Qué sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano!", enfatizó.
La presencia masiva de feligreses en los últimos actos del Miércoles de Ceniza pudo haber detonado la prohibición. Ese 22 de febrero, las principales iglesias se mostraron abarrotadas en un gesto por la defensa del monseñor Álvarez.
"El régimen pensaba que había derrotado a la Iglesia católica después de la condena contra el monseñor Álvarez. Pero ese día la gente salió sin miedo a vivir su misa, en una demostración de que la iglesia está más fuerte que nunca. Eso asustó al régimen y por eso tomó la decisión de prohibir las procesiones", dice Jaime.
Tradicionalmente la Semana Santa en Nicaragua se ha vivido como una "gran fiesta de fe" que se inicia el Domingo de Ramos con la procesión de la imagen de Cristo en la burrita. Incluye celebraciones con niños y jóvenes, la fiesta de renovación de votos sacerdotales y cierra con las festividades del Domingo de Resurrección. Ahora, toda manifestación de fe fuera de las iglesias está prohibida.
"No dejarnos manifestar en procesiones es algo difícil para las personas de fe, porque tiene un gran significado espiritual. Para mí es una violación a la libertad de credo. Lo que tendremos ahora será una Semana Santa similar a la que vivimos en los tiempos del covid, donde los hogares se convirtieron en templos. La fe es el único espacio de libertad que nos queda en Nicaragua", explica Jaime.
La iglesia católica tuvo una participación activa durante los protestas de 2018 y el régimen de Ortega lo consideró una traición.
Contra la iglesia
La tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica se disparó en 2018, cuando el líder sandinista y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, solicitaron la intermediación de miembros del clero en la revuelta masiva que inició el 18 de abril de ese año.
Lo que comenzó como un reclamo contra las reformas al sistema de seguridad social desencadenó una ola de manifestaciones contra el mandato de Ortega que se prolongó por seis meses y dejó un saldo de más de 300 muertos.
Durante ese tiempo, varios organismos denunciaron excesos en la represión de la fuerza pública y la violación de derechos humanos por parte de un gobierno, que acusó a la oposición de estar buscando un "golpe de Estado".
Sin embargo, la institución eclesiástica se negó a tomar partido por el bando oficial. Más bien hizo un llamado al diálogo nacional y rechazó la violencia en las protestas. Algunos sacerdotes, incluso, dieron refugio en sus iglesias a los manisfestantes que huían de la represión policial. Un acto que fue considerado por Ortega como una traición.
"Yo sé quiénes estaban detrás de las maniobras, alentando los crímenes que, por principios como cristianos, como pastores, deberían rechazar totalmente", afirmó entonces el mandatario. "No tienen nada de cristianos y actúan con una mentalidad terrorista, criminal, sumándose alegremente al golpe".
Lo que siguió después fue una cadena de ataques que arrinconó a la iglesia. Se ordenó la clausura de ocho emisoras católicas y el cierre de tres canales de televisión. Se expulsó al nuncio apostólico, el representante diplomático de la Santa Sede. Se le anuló la personalidad jurídica a la Asociación de las Misioneras de la Caridad, lo que obligó a las religiosas de la Madre Teresa a abandonar el país. Al final, unos 60 religiosos huyeron o fueron expulsados de Nicaragua.
"¿Por qué tanto miedo de Ortega hacia la iglesia? Por el impacto social que ha tenido en la ciudadanía" aclara Jaime. "Desde la crisis de 2018, ha sido la voz profética ante tanta injusticia. La iglesia ha sido intermediaria de ayuda material, espiritual y ha acompañado en los procesos de violaciones de los derechos humanos. No se ha doblegado ante el poder político".
El pastor disidente
El punto más alto de tensión llegó con la detención de monseñor Rolando Álvarez en diciembre del año pasado. Se le acusa de "conspiración y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense".
El obispo de la diócesis de Matagalpa se había convertido en una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica de Nicaragua. En sus homilías acusaba a la Policía Nacional de cometer violaciones de derechos humanos y a la pareja presidencial de actos de persecución religiosa y de abusos de poder.
Fue víctima de acoso policial, según denunció en varias ocasiones. Hasta que el 4 de agosto de 2022 se le impidió salir a la calle con el Santísimo en manos y desafío al gobierno. "A la oración el demonio le tiembla (...) Está el mal ahogándose, estremecido ante la oración de un pueblo", rezó frente a las fuerzas antimotines. Dos semanas después, fue detenido.
Su nombre figuraba en la lista de los 222 opositores que el 9 de febrero fueron desterrados a Washington. Sin embargo, a último momento Álvarez se negó a abandonar Nicaragua. En represalía, un tribunal lo condenó al día siguiente en un juicio exprés a 26 años de prisión "por traición a la patria", entre otros delitos.
"Lo que tenemos es un comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia en Nicaragua, el líder de la iglesia latinoamericana. Y debe pensar que está a punto de optar al cargo de Su Santidad el Papa. Está desquiciado", dijo Ortega sobre Álvarez.
Hasta entonces, el Vaticano no había hecho referencia a los ataques a la institución católica en Nicaragua. Hasta que el 10 de marzo el papa Francisco hizo alusión a la situación en una entrevista en la que calificó al gobierno de Ortega de "dictadura grosera".
"Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio (...) Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras", afirmó Francisco.
En respuesta, Nicaragua anunció el 12 de marzo la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Tensión histórica
Las tensiones entre la Iglesia católica y el sandinismo que lidera Ortega son de vieja data. En un principio, las relaciones eran estrechas, porque el clero sirvió de mediador cuando los miembros del Frente Sandinista de Liberación (FSLN) derrocaron en 1979 a la dictadura de Anastasio Somoza y consiguió la liberación de los presos políticos.
Pero no duró mucho. A principios de los 80, la Iglesia católica comenzó a denunciar las arbitrariedades de la junta de gobierno, presidida por Ortega. Entonces se desataron los ataques. Algunos aún recuerdan la primera visita del papa Juan Pablo II a Nicaragua en marzo de 1983, que terminó convirtiéndose en un escenario de confrontación cuando seguidores del gobierno profanaron la misa oficiada por el pontífice.
"Los sandinistas siempre se han sentido señalados por la iglesia", afirma a BBC Mundo Martha Patricia Molina, abogada e investigadora del informe "Nicaragua: una iglesia perseguida".
"Sin embargo, existen algunas diferencias con respecto a esos primeros años. En ese entonces, no se criminalizaba a los sacerdotes, no se les fabricaban delitos ni se les encarcelaba. Mucho menos se les arrebata la nacionalidad", dice sobre la pérdida de ciudadanía ordenada contra los opositores que fueron enviados al exilio en febrero.
"El gobierno ha ido erradicando los espacios democráticos. La iglesia es el único bastión que queda, pues el clero no ha estado dispuesto a adularlos", dice Molina, crítica con Ortega."Por eso insisten en darle otro golpe para debilitarla. Pero no van a lograr eliminar la fe del pueblo".
El riesgo de ser católico
Nicaragua es un país mayoritariamente católico. Al menos el 45% de la población profesa esa religión. El resto se identifica como evangélicos y otras creencias, según señala Molina. Sin embargo, la Iglesia católica figura como una de las instituciones con mayor credibilidad entre los nicaragüenses, sobre todo después de los acontecimientos de 2018.
De ahí que los feligreses se hayan convertido en blanco de intimidación, denuncia Jaime.
"Cada comunidad o barrio tiene su CPC (Consejo de Poder Ciudadano) que lleva registro de los nombres y apellidos de los católicos comprometidos. Estar en esos listados conlleva trabas para hacer algunos trámites civiles, como licencias de conducir, cédulas. O implica riesgos mayores, como la cárcel o el destierro", asegura.
Esta condena salpica a todo aquel que se relacione con la Iglesia católica, afirma Jaime. Incluso, el gobierno prohibió a las empresas privadas prestar servicios a los religiosos, según cuenta, so pena de quitarles los permisos o imponerles altas multas. "Hace unas semanas, hicimos una actividad en la iglesia y nadie quiso alquilarnos buses para trasladar a los participantes. Los tienen amenazados", cuenta.
Ante esa situación, el ambiente dentro de las iglesias en Nicaragua ha dejado de ser de recogimiento. De un tiempo para acá, se ha tornado tenso ante la presencia de policías vestidos de civiles que asisten para informar a sus superiores sobre cualquier acto considerado como subversivo.
"Los sacerdotes tienen prohibido mencionar el nombre del monseñor Rolando Álvarez en las homilías. Estos funcionarios se encargan de grabar lo que se dice en la ceremonia. Y toman fotos a los participantes para tener archivos en caso de alguna acusación".
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Esa presión ha tenido sus efectos. Algunos feligreses han dejado de asistir a misa por miedo, según Jaime. Y no duda que muchos vayan a preferir permanecer en casa durante las festividades religiosas.
Pese al miedo, él se ha propuesto vivir la Semana Santa tanto como pueda.
"Voy a participar en las actividades dentro de las iglesias, tal como lo indican los sacerdotes", cuenta. La programación incluye la adoración a la Santa Cruz el jueves; la misa crismal, donde los sacerdotes renuevan los votos; el viacrucis penitencial; la lectura de las siete palabras; el santo entierro el Viernes Santo; la vigilia pascual el sábado y la misa de resurrección el domingo.
Algunos actos litúrgicos de la Semana Santa pudieran ser cancelados a última hora, sobre todo después de que el gobierno decidiera romper relaciones con el Vaticano. Igual, Jaime ha previsto cumplir con algunas prácticas en familia, como la lectura de la palabra, rezar el rosario, hacer ayuno y meditar.
"Viviré la Semana Santa con mucha fe y esperanza", asegura.
"Me han quitado mi último espacio físico de libertad, pero no espiritual ni mental. En tiempos de persecución, la iglesia se fortalece. Para las personas de fe es un privilegio pertenecer a una organización que ha acompañado a su pueblo de forma tan valiente. Cada ataque contra la iglesia representa, en el fondo, una derrota para este gobierno".
