La guerrilla de las FARC, desmovilizada tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Colombia, deberá responder ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) por la desaparición de 9.257 personas, según un informe entregado este martes por la Fiscalía colombiana. Asimismo, la JEP recibió otro informe que detalla la participación de agentes del Estado en la desaparición de 675 personas.
Con los documentos "Retención y ocultamiento permanente de personas cometidas por las FARC-EP" y "Retención y ocultamiento permanente de personas por parte de agentes del Estado", la JEP abre otro eje de investigación de los crímenes cometidos en el conflicto armado interno colombiano.
"Estos documentos aportan elementos judiciales de alta importancia que permitirán establecer los niveles de participación de los señalados responsables, y atender el clamor de las víctimas que reclaman sanción", dijo la Fiscalía en un comunicado. El ente detalló que hay 8.284 procesos por desaparición forzada de personas atribuidas a las FARC, que representan a 9.257 víctimas y por los que hay 4.194 procesados.
Casos datan de 1962
El primero de los casos de desaparición forzada ocurrió en el departamento del Tolima (centro) en 1962 y el último hecho reportado ocurrió en diciembre de 2015 en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en Colombia 82.998 personas fueron desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado.
En cuanto a la participación de agentes del Estado en desaparición forzada, la Fiscalía ha identificado 675 víctimas. De acuerdo con la Fiscalía, el primer caso registrado es del 9 de septiembre de 1977 en la caribeña Barranquilla y el último se registró el 27 de diciembre de 2015 en Buriticá, población del departamento de Antioquia (noroeste).
En los registros se estableció que 1.244 personas han sido procesadas, de los cuales 815 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se vincularon por estos mismos hechos a 94 policías, 14 funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) y 10 de la Armada. Por estos hechos, la Fiscalía logró la condena de 253 personas, entre los que figuran 159 integrantes del Ejército, nueve de la Policía y un funcionario del DAS.