El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció el miércoles una "estrategia judicial" del gobierno interino de Jeanine Áñez para ilegalizar su partido y sacar de la contienda electoral a su candidato Luis Arce, favorito en los sondeos para los comicios del 6 de septiembre.
"Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato @LuchoXBolivia y al MAS (Movimiento al Socialismo) e impedir nuestra participación electoral", tuiteó Morales (2006-2019) desde su refugio en Argentina, donde radica desde diciembre tras dimitir un mes antes.
El gobierno acusa a Morales de estar involucrado en un millonario escándalo por una compra en mayo con sobreprecio de respiradores españoles para pacientes con coronavirus, en una operación realizada durante la gestión de la derechista Áñez, quien se postula a la elección.
Una pericia policial estableció supuestos llamados telefónicos entre uno de los implicados en el caso y Morales, así como con los exministros Gabriela Montaño (Salud), que está en Argentina, y Carlos Romero (Interior), que el martes dejó cinco meses de cárcel para pasar a detención domiciliaria. El régimen penitenciario no permite que los presos tengan celular.
La pericia fue dirigida por el coronel Iván Rojas, director de una fuerza policial anticrimen, sospechado a su vez por la estatal Unidad Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de "movimientos sospechosos" en su cuenta bancaria.
El actual ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, que respaldó a Rojas en rueda de prensa, afirmó que tras esos llamados telefónicos se estableció que el caso de los respiradores se trata "más que (de) corrupción" de "una conspiración" contra el gobierno.
El viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, pidió a la fiscalía investigar a Morales y a sus colaboradores.
De su lado, el gerente de una Gestora Pública (que administra fondos de pensiones), Sergio Flores, acusó a Arce de haber comprado con sobreprecio un software para esa institución cuando era ministro de Economía de Morales.
"Se encontró, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos", dijo Flores este miércoles a la televisión estatal.
El MAS ha negado la denuncia, la que considera una "cortina de humo" del gobierno busca "tapar" sus propios actos de corrupción y que las pesquisas judiciales pretenden anular su personería jurídica e inhabilitar a su candidato.
Una última encuesta de marzo, ubica a Arce como favorito con 33,3% de las preferencias, seguido por el centrista expresidente Carlos Mesa (18,3%) y Áñez (16,9%).
Las elecciones bolivianas de octubre de 2019 fueron anuladas luego que la OEA hallara "irregularidades" en favor de Morales, que optaba a un cuarto mandato consecutivo.
