La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, además de sacudir el tablero económico y geopolítico mundial, ha hecho saltar las alarmas dentro y fuera del país respecto a una de las propuestas más radicales del magnate neoyorquino: la construcción de un muro en la frontera con México. Al otro lado del Atlántico, políticos y ciudadanos europeos han criticado duramente las intenciones del presidente electo.
La paradoja es que un obstáculo terrestre de este tipo no solo existe ya en una parte importante de la frontera mexicano-estadounidense, sino que contaría con varios referentes en el Viejo Continente: Estonia, Letonia y Hungría son algunos de los países de la Unión Europea (UE) que se han blindado recientemente con vallas y otros sistemas de férrea vigilancia fronteriza.
El caso español es el más paradigmático de todos, sobre todo por su antigüedad. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, situadas en el continente africano y que comparten frontera terrestre con Marruecos, España empezó a construir vallas para fortificar su frontera terrestre en 1993 y 1995, respectivamente.
Privatización del control fronterizo
Desde entonces, lejos de solucionar el problema de las entradas irregulares de personas que intentan alcanzar territorio español, los sucesivos gobiernos conservadores y socialistas han ido aumentando progresivamente la inversión pública dedicada a hacer inexpugnable el sistema de control fronterizo: cuchillas de alambre (las polémicas "concertinas"), sensores térmicos, dispositivos de alerta temprana, focos cegadores, luces y sirenas de alarma o sistemas de agua a presión con pimienta son algunos de los blindajes que pueden encontrarse en las vallas de Ceuta y Melilla, además del fuerte despliegue policial.
"Se está dando un enfoque de seguridad al fenómeno migratorio", explica a DW Virginia Rodríguez, coordinadora de investigación de la Fundación por Causa, organización independiente con sede en Madrid que monitorea las políticas migratorias y de control fronterizo en España y la UE. "Además, se está privatizando y externalizando el control fronterizo, dejándolo en manos de empresas privadas o de terceros países", explica la investigadora.
En este sentido, en su informe del pasado mes de mayo, el Servicio Jesuita de Migrantes denunció que la situación de la frontera entre Melilla y Nador (Marruecos) apuntaba a la existencia de una cooperación entre ambos países: "Todo parece indicar la existencia de un acuerdo entre España y Marruecos. (...) Marruecos parece controlar el flujo de salida hacia España", reza el texto.
ONG: Policía dificulta trabajo de periodistas
Pro.De.In, que nació para defender los derechos de la infancia, es una de las organizaciones con mayor recorrido en la denuncia de lo que ocurre en la valla de Melilla. La ONG critica que las dificultades que tienen los periodistas a la hora de acceder a las inmediaciones de la valla e informar sobre lo que ocurre son enormes, especialmente cuando los migrantes intentan saltar en grupo la valla. Muchos informadores y trabajadores humanitarios han denunciado que la policía española requisa el material fotográfico o audiovisual. "Las escenas que se producen en los saltos son dramáticas", relata en una entrevista con DW el fundador de esta asociación melillense, José Palazón.
Las denuncias de las prácticas que se llevan a cabo en Ceuta y Melilla cada vez son más numerosas y hablan a menudo de tratos degradantes a los migrantes y las "devoluciones en caliente", que consisten en expulsiones inmediatas de inmigrantes a Marruecos sin aplicarles las protecciones de la legislación de extranjería y por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido una explicación al Estado español.
Modelo español: ¿un éxito?
Sin embargo, en España no hay un clamor contra esta política de fronteras. Ni las vallas ni las presuntas violaciones de derechos humanos reportadas por organizaciones locales e internacionales han pasado de ser una anécdota en las dos recientes campañas electorales, tampoco así en las posteriores negociaciones para formar Gobierno. Ni siquiera los partidos más críticos, como Podemos, han hecho de ello una prioridad política.
Para Palazón, "es muy fácil echar la culpa de todo a los inmigrantes", lo cual impide que se consolide una oposición política a este modelo de control fronterizo. En su opinión, además, es difícil que el asunto tome un rumbo distinto, porque "es un modelo que se está exportando al resto del continente como si de un éxito se tratase".
"Lo que más enfada de la victoria de Trump es lo claramente que ha expresado sus planes", explica Rodríguez, que cree que en muy pocas ocasiones los gobiernos europeos se han atrevido a ser tan explícitos. A su juicio, no obstante, la realidad tampoco es tan diferente entre ambas fronteras: "Trump no ha intentado hacer su mensaje más digerible, pero el planteamiento es en la práctica el mismo que se está llevando a cabo en España y en Europa".
