Las residencias de ancianos o de personas dependientes acumulan casi 17.000 fallecidos a causa de la COVID-19 en España, según los datos oficiales de las regiones, una cantidad que aumentaría si se tuvieran en cuenta los casos sospechosos pero no diagnosticados, que la mayoría de administraciones regionales no computa.
Este asunto es muy polémico en España, con reproches agrios y cruces de acusaciones frecuentes entre el Ejecutivo español y alguna región, como Madrid, sobre las responsabilidades políticas de haber evitado esas muertes y supuestas órdenes para que las personas graves de más edad no fueran trasladadas a los hospitales cuando éstos estaban colapsados.
El Gobierno central no ha facilitado una cifra global sobre los muertos en residencias, un dato que las regiones sí debían reportar y actualizar semanalmente, según una instrucción dictada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras detectarse que esos centros eran uno de los principales focos de transmisión del coronavirus en España.
Tanto las autoridades regionales como la Fiscalía iniciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido en estos establecimientos de alojamiento y atención de ancianos.
En total, según datos facilitados por los gobiernos regionales y recopilados por Efe, murieron en las residencias 16.937 usuarios, lo que representa un 39% de las 42.542 víctimas mortales que suman las regiones, según su propia información.
Este número dista de los 28.324 fallecidos que recoge la estadística oficial que publica el Ministerio de Sanidad, que solo incluye los muertos confirmados con una prueba PCR.
