La mayoría de los venezolanos, entre ellos sus políticos, están de acuerdo con que el país está en una terrible crisis económica.
Pero disienten en cómo abordarla.
El presidente, Nicolás Maduro, apuesta por una declaración de Emergencia Económica, un apartado del Estado de Excepción que le da poderes especiales al primer mandatario para responder a situaciones económicas extraordinarias.
Pero para que se declare la Emergencia, el decreto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, la que desde hace 20 días está controlada por la oposición, por primera vez en 17 años.
Y este viernes, un día después que los ministros del área económica rehusaran comparecer ante el parlamento, la bancada opositora dirá si aprueba o no el decreto de Maduro.
Varios voceros de la oposición ya han calificado el decreto de Emergencia como "una trampa" del gobierno para aumentar su poder y reducir el de la Asamblea.
También se preguntan por qué el gobierno no decretó la Emergencia hace dos meses, cuando el país ya estaba en crisis, el chavismo era mayoría en el Parlamento y Maduro tenía poderes especiales gracias a una Ley Habilitante que caducó el 31 de diciembre.
Pero el oficialismo dice que si la oposición no aprueba el decreto "habrá confrontaciones" y "le estarán dando la espalda al pueblo".
En general, el decreto propone una profundización del modelo económico actual, en el que la intervención del Estado en la economía es un elemento central, pues controla las importaciones, las tasas de cambio y los precios.
Y aunque la oposición no niega que la situación sea grave, dice que las medidas propuestas en el decreto de Emergencia son las mismas que generaron las crisis.
¿Qué propone, entonces, la oposición?
Recuperar la institucionalidad
"Lo primero que tenemos que hacer es reconstruir la institucionalidad del país", le dice a BBC Mundo el diputado opositor y miembro de la Comisión de Finanzas Rafael Guzmán.
"La Comisión llevaba 15 años sin controlar y tenemos de devolverle su autonomía (…) Hay leyes para resolver la economía que ya están, pero necesitamos que se cumplan, se regulen, se controlen y quizá hacerles una modificación parcial".
El diputado pone el ejemplo del petróleo, cuyo precio esta semana siguió en caída libre.
"En los últimos 10 años Venezuela recibió US$700.000 millones por le renta petrolera y en este momento hay US$3 millones en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, según cifras oficiales".
"¿Qué pasó con toda esa plata? ¿Cómo la gastaron? ¿Qué pasa con los fondos discrecionales, donde no sabemos cuánta plata hay?", se pregunta.
"Quizá no vayamos a saber inmediatamente qué pasó con todo, pero si la Asamblea recupera su capacidad de controlar y vigilar el dinero del país, las soluciones vendrán más rápido que tarde", concluye.
La necesidad investigar y controlar la política económica del gobierno fue uno de los puntos de mayor importancia en el plan legislativo de la coalición opositora, que la Mesa de la Unidad Democrática divulgó antes de las elecciones.
Y ahora buscan respuestas, y quieren tomar acciones, sobre el sistema de distribución de alimentos y medicinas, los procesos de adjudicación de divisas, la recaudación de impuestos y la gestión de la mayor fuente de ingresos del país: el petróleo.
La oposición dice que en todos esos campos hubo problemas de administración y corrupción, que, si no son solucionados, la economía no podrá cambiar de rumbo.
Pero, ¿y las leyes?
Ambas bloques políticos han invitado al diálogo para resolver los problemas económicos, pero los llamados se han quedado en eso. Al menos por ahora.
Esta semana Maduro creó un Consejo Nacional de Economía Productiva en el que hay varios empresarios, pero solo un miembro de la oposición: el gobernador de Lara, Henri Falcón, quien hace unos años militaba en el chavismo.
Y la oposición no es precisamente un bloque homogéneo y dentro de ella hay varias corrientes con diferentes prioridades.
En un principio la oposición dijo que su primera propuesta sería una ley de amnistía para liberar a los llamados presos políticos, pero en realidad el primer proyecto fue una ley para darles propiedad a los habitantes de Misión Vivienda, los complejos habitacionales que creó el gobierno en los últimos años.
El oficialismo, por su parte, ha reiterado que la intención de la oposición es reinstaurar el modelo neoliberal que para ellos tanto daño le hizo al país.
Y justo después de las elecciones, organizó varias marchas rechazando las supuestas intenciones de la oposición de privatizar las empresas más importantes del Estado, como Petróleos de Venezuela.
La MUD, sin embargo, ha dicho que esa no es su prioridad, sino resolver los problemas de escasez e inflación que padecen día a día los venezolanos.
Y la propuesta legislativa de la coalición de oposición contiene 17 leyes.
Entre otras cosas, se propone eliminar "las trabas y trámites que obstaculiza la circulación de bienes"; usar las divisas para promover la producción en lugar de limitarlas a importaciones; devolver las empresas expropiadas que no están produciendo; y armar un esquema que proteja los salarios frente a la inflación.
Guzmán dice que en el corto plazo va a ser necesario que el gobierno se endeude –sea con sus socios habituales, China y Rusia, o con el Fondo Monetario Internacional– para pagar las deudas externa e interna que en parte impiden promover soluciones a la crisis.
Las cuentas están apretadas. Y a medida que siga cayendo el precio del petróleo, la gama de posibles medidas para resolver la economía también se irá reduciendo.
