El temor a la verdad en El Salvador tras declararse inválida la Ley de Amnistía
El temor a la verdad en El Salvador tras declararse inválida la Ley de Amnistía
73 páginas contiene la sentencia que va a cambiar la historia de El Salvador. Después de tres años, el miércoles 13 de julio la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inválida la Ley de Amnistía de 1993.
Con dicha norma, la fiscalía salvadoreña podrá investigar tanto crímenes de guerra y de lesa humanidad como también violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil (1980-1992), que causó miles de muertos y desaparecidos. Antes del fallo, la Ley de Amnistía impedía que se investigaran estos casos.
“Durante todos estos años la sociedad ha estado reclamando por conocer la verdad, y ahora se abre la posibilidad de hacerlo”, dice Zulma Lorena Argueta de la Fundación Böll en Centroamérica. En tanto, la reacción de varias organizaciones de la sociedad civil ante la sentencia de la Corte Suprema ha sido muy positiva.
Piden mesura
Sin embargo, Argueta señala que “aún aquellos que están de acuerdo con el fallo están pidiendo bastante mesura en los casos que pueden abrirse”. Una mesura necesaria, porque el fallo pone en una situación muy delicada a una parte de la clase política del país, ya que establece que se puede procesar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de los crímenes mencionados.
Esto abre la posibilidad de llevar a juicio a funcionarios de diferentes partidos y del Gobierno, entre ellos el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien durante la guerra formó parte de la dirección nacional de la otrora guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actual partido en el Gobierno.
Por lo tanto, muchos políticos han sido muy cautelosos al comentar el fallo, mientras que otros lo han rechazado abiertamente como un „error político“ debido a que abre nuevamente las heridas del pasado. „No creo que sea válido llamarlo así, ya que se trata de un fallo a raíz de un análisis jurídico, y no político“, opina Demian Regehr, representante de la Fundación Hanns Seidel en la región. A largo plazo, es un mensaje importante en un país que no se ha confrontado nunca con su propia historia, apunta Seidel.
El caso "Jesuitas"
De forma más inmediata, la decisión de la corte puede cambiar el rumbo del emblemático caso "Jesuitas“. En febrero de este año, un juez de la Audiencia Nacional de España que lleva el caso pidió la extradición de los militares capturados por la policía salvadoreña por su supuesta participación en la matanza de seis jesuitas en 1989 en San Salvador. Sin embargo, durante los últimos meses la CSJ no había llegado a ninguna solución: la corte está dividida entre el sí y el no para extraditar a los militares. Con el fallo del miércoles, se abre otra oportunidad y ahora será posible denegar la extradición a cambio de investigar el crimen en El Salvador.
Mientras la clase política salvadoreña repite una vez más su argumento principal de los últimos 20 años de que anular la amnistía podría llevar al país a un caos enorme, Demian Regehr se muestra más preocupado por la consecuencias técnicas del fallo: “En un país donde la fiscalía ya está sobrecargada, y donde la tasa de impunidad oscila alrededor de un 90 por ciento, ¿qué tan factible es esperar que ahora se pueden juzgar casos de hace más de 20 años de forma eficaz?”, se pregunta.
Gran reto
No cabe duda de que el reto para la fiscalía salvadoreña es enorme. Para Regehr, una posible salida sería la instalación de un ente independiente parecido a la CICIG en Guatemala que apoya a la investigación de los casos en juego. Hasta la fecha, la gran mayoría de la clase política de El Salvador ha rechazado la instalación de este modelo bajo el argumento de no querer ceder soberanía a instituciones internacionales. Según Regehr, la decisión de la corte puede cambiar el panorama por completo porque “se necesita una institución imparcial y con experiencia técnica”.
Sin embargo, es muy dudoso que los políticos salvadoreños vayan a querer poner su destino en manos de una institución internacional. Pero si algo se puede aprender de la decisión de la corte del miércoles pasado, es que este es el momento para soñar con un país diferente.
