AFP
Estados Unidos entró este martes en el segundo mes del cierre parcial de su gobierno por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, con mínimas esperanzas de salir de una crisis que pesa en la economía de la mayor potencia mundial.
Desde el 22 de diciembre, buena parte de la administración federal está bloqueada ("shutdown") por el pulso entre los demócratas del Congreso y la Casa Blanca sobre el financiamiento de un muro en la frontera con México que el presidente Donald Trump está empecinado en construir.
El mandatario republicano se niega a firmar cualquier ley presupuestaria que omita los 5.700 millones de dólares que precisa para ese muro contra la inmigración ilegal, una de sus principales promesas en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. Los demócratas se oponen a la financiación de esa obra al considerarla "inmoral", costosa e ineficaz.
Trump ofreció el sábado extender la permanencia de un millón de inmigrantes expuestos a ser expulsados. Aunque fue rechazada por la oposición e incluso por algunos republicanos, esa propuesta podría servir de base para nuevas negociaciones.
El "shutdown" afecta sólo al 0,5% de los trabajadores estadounidenses, pero influye en la confianza de los consumidores, según una encuesta de la universidad de Michigan. También daña a la economía y el crecimiento del PIB de Estados Unidos en momentos de desaceleración para la economía mundial, dicen expertos.
Unos 800.000 empleados federales están en desempleo forzoso o trabajan sin cobrar. En áreas sensibles como seguridad interior, transportes o asuntos exteriores, los efectivos fueron reducidos al mínimo.
Los parques nacionales del país dejaron de ser vigilados, numerosos museos están cerrados y el funcionamiento de los aeropuertos está enlentecido.
Desafíos financieros
Los guardacostas "navegan por el mundo para proteger los intereses nacionales estadounidenses mientras sus seres queridos deben enfrentar desafíos financieros y la ausencia de salarios en casa", dijo el lunes el almirante Karl Schultz, jefe de ese cuerpo militar.
"Jamás hubiera creído que duraría tanto", dijo a la AFP, Carol Lopilato, de 59 años, quien desde el 23 de diciembre está técnicamente desempleada.
Funcionaria de alto rango de la administración fiscal de Estados Unidos (IRS) desde 1987, Lopilato no tiene preocupaciones económicas y se considera "afortunada".
Pero "si esto se extiende, inevitablemente aumentará la inquietud", agrega.
Los funcionarios concernidos deberían ser remunerados con retroactividad, pero más de un millón de empleados de servicios privatizados o de firmas subcontratistas de establecimientos públicos no cobrarán sus sueldos en este periodo.
"Pronto perderé el auto porque ya estoy muy atrasada en los pagos; mi seguro de salud, mi servicio de asistencia para el automóvil y mi permiso de conducir", dijo a la AFP Yvette Hicks, una madre soltera con dos hijos que trabaja para la institución cultural Smithsonian de Washington.
Se han puesto en marcha iniciativas para ayudar a quienes están más apremiados como el pago de noches de hotel, de comidas gratuitas y colectas de fondos.
Precio político
Este "shutdown", el más largo de la historia estadounidense, está cobrando también un precio político. Una encuesta mostró que la mayoría de los estadounidenses culpa de la crisis a los republicanos y a la Casa Blanca.
Frente al riesgo de procesos judiciales, Trump evitó utilizar una ley de urgencia que le permitiría eludir al Congreso para llevar adelante el muro.
El sábado puso en la balanza una moratoria de tres años para los beneficiarios de permisos de residencia que habían sido abrogados por su administración. Eso está dirigido a unos 700.000 jóvenes que entraron ilegalmente junto a sus padres y 300.000 titulares de un estatuto de protección temporaria (TPP).
Pero Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, ya desaprobó esa "recopilación de iniciativas ya rechazadas en el pasado".
