La actuación del autoproclamado Estado Islámico (EI), también conocido como Dáesh, constituye uno de los mejores ejemplos del grado de globalización alcanzado por las actividades humanas: esta organización terrorista ha perpetrado ataques en el sudeste asiático, en el continente africano, en Estados Unidos y, más recientemente, en la Unión Europea (UE). Y los atentados que orquestó en Bélgica este 22 de marzo volvieron a dejar claro que las respuestas nacionales no alcanzan para hacer frente a una amenaza de carácter mundial.
Atendiendo al llamado de Thomas de Maizière, ministro de Asuntos Interiores de Alemania, sus homólogos comunitarios se han reunido este jueves para discutir sobre la seguridad del bloque y, ante todo, sobre la precariedad del intercambio de datos en la lucha antiterrorista. Actualmente hay demasiadas instancias en Europa recopilando información bajo criterios disímiles y negándose con frecuencia a compartir sus hallazgos entre sí. Lo más desalentador es que se viene intentando superar este problema desde hace años.
Pocos avances
Desde 2001, cuando tuvieron lugar varios ataques terroristas en territorio estadounidense, se han puesto en marcha unas 200 iniciativas en la UE para optimizar la cooperación entre las policías y los servicios secretos de sus socios, como la de crear una base de datos a la que todos ellos puedan tener acceso con miras a introducir y conocer las señas de todos los sospechosos de actividades terroristas. El Centro Europeo de Contraterrorismo (ECTC, sus siglas en inglés) de Europol empezó a funcionar en La Haya en enero, pero sólo parcialmente.
El ECTC sólo puede cumplir su misión cabalmente si todos los Estados de la UE le entregan a Europol la información relevante que poseen y, según el eurodiputado democristiano alemán Elmar Brok, sólo cinco de los Veintiocho lo hacen regularmente. Alemania, por cierto, no es uno de ellos. Lo mismo ocurre con el Sistema de Información del Espacio Schengen, que consta de unos 50 millones de archivos sobre autos, documentos de identidad y armas robadas o personas indeseadas, buscadas y desaparecidas en territorio comunitario.
Secretismo, dentro y fuera de Alemania
Esa base de datos funciona muy rudimentariamente porque “algunos países se niegan –a veces por falta de capacidad operativa– a introducir la información necesaria”, explica André Schulz, presidente de la Federación de Detectives Alemanes. Ese problema aqueja también al Sistema Eurodac, que, en teoría, archiva las huellas digitales de todos los solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados para saber cómo, dónde y cuándo entraron al continente. El Sistema de Información Visa no ha sobresalido por su utilidad y está por verse qué tan beneficiosos serán otros por venir, como el que recoge los datos de los viajeros que vuelan a Europa (PNR).
El ministro del Interior de Alemania está ejerciendo presión para que se erija un registro de entrada y salida (EES) para el espacio Schengen y Jan-Philipp Albrecht, europarlamentario de Los Verdes, le exigió este miércoles (23.3.2016) a los Gobiernos comunitarios que se comprometan a establecer y respetar reglas comunes tanto para un intercambio rápido de informaciones como para proteger los datos de sospechosos e infractores probados. No obstante, de momento, estas demandas no son atendidas ni siquiera en Alemania.
Unas cuarenta oficinas diferentes tienen la responsabilidad de luchar contra el terrorismo a escala regional y federal en Alemania. Aunque a finales de 2014 se fundó un centro común para prevenir y reaccionar ante atentados, el secretismo y el manejo “egoísta” de los datos es la norma y no la excepción entre los Estados federados. “Las investigaciones de un Estado federado suelen fracasar tan pronto necesita información de sus vecinos”, lamenta Schulz, poniendo como ejemplo la impunidad con que actuó el grupo terrorista neonazi NSU durante años.
