El Congreso de El Salvador aprobó en la noche del sábado a pedido del gobierno restricciones de garantías constitucionales referentes a la libre movilización y reunión como prevención ante la pandemia del nuevo coronavirus, pese a que no hay casos en el país.
"Apruébese la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada por el virus COVID-19 de los derechos consagrados en la Constitución y que se refiere a la libertad de tránsito y al derecho a reunirse pacíficamente y al derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio", señaló el decreto, aprobado por 57 de los 84 diputados del Congreso unicameral a pedido del presidente Nayib Bukele.
Según el decreto aprobado, las autoridades migratorias podrán impedir por asuntos de salud el ingreso de extranjeros al territorio del país por un lapso de 30 días, que es el período que durará el decreto que restringe las garantías constitucionales.
Con el decreto aprobado se deja sin efecto una disposición similar que adoptó el presidente Bukele el pasado 11 de marzo que ya impedía el ingreso de extranjeros.
Según lo dispuesto en el decreto, los salvadoreños no tendrán ninguna restricción de ingresar al país, pero sí tendrán que someterse obligatoriamente a las medidas sanitarias correspondientes establecidas para detectar un eventual contagio por COVID-19.
Tampoco habrá restricciones para la salida del país.
Las autoridades sanitarias salvadoreñas también tendrán la autoridad de declarar prohibiciones para circular en zonas específicas declaradas como "de riesgo" ante una eventual aparición de algún caso de coronavirus.
La disposición aprobada también establece restricción al derecho de reunión. Salud Pública podrá autorizar reuniones de carácter religioso, cultural o económicas que "no pongan en riesgo" la salud de las presonas.
Este mismo sábado, los parlamentarios aprobaron el estado de emergencia que permitirá al gobierno disponer de fondos de emergencia y solicitar ayuda internacional para destinarlos a la atención de la pandemia del coronavirus.
El presidente del Congreso, Mario Ponce, destacó que "hemos dado los mecanismos legales al gobierno para afrontar esta grave situación sanitaria".
Según un balance del gobierno, se mantiene en cuarentena de 30 días en una decena de albergues en todo el país a 1.180 personas para descartar que estén afectadas por el virus.
El gobierno junto a empresas privadas realizan acciones para atender las necesidades de alimentación, de agua potable y otros avituallamientos para las personas que cumplen la cuarentena.
