El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas, en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió el fin de semana y que llevó a la declaración de un régimen de excepción.
Esta medida, aprobada sin estudio ni discusión parlamentaria, fue solicitada por el gobierno de Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción decretado el domingo por una escalada de los asesinatos y forma parte de un paquete de 8 iniciativas.
Este incremento de penas busca, según el decreto aprobado con 76 votos de 84 diputados, "reprimir y disuadir" a los miembros de las pandillas a cometer los delitos con penas más duras. La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años.
Los legisladores también establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para "los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas".
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Hasta antes de esta reforma, los pandilleros enfrentaban por el cargo de agrupaciones ilícitas penas de entre 3 y 5 años de cárcel, mientras que para sus cabecillas eran de 6 a 9 años.
El Congreso también se dispone a aprobar reformas al Código Procesal Penal para proteger las identidades de jueces y otros funcionarios en procesos penales relacionados con pandillas, además de eliminar la libertad condicional para delitos como el homicidio.
El gobierno también pidió 80 millones de dólares, de los que 20 serán para el Ejército y 60 para rearmar a las fuerzas de seguridad, además de una ley para entregar recompensas a quienes denuncien o entreguen a pandillero.
Las reformas entrarán en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, que puede ser este jueves. Las últimas cifras de homicidios en El Salvador indican una estabilización de la crisis que sufrió el país el pasado fin de semana, con más de 80 asesinatos.
