El Parlamento de Nicaragua destituye a 28 diputados opositores
El Parlamento de Nicaragua destituye a 28 diputados opositores
La junta directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, acordó este viernes destituir a 28 diputados opositores.
Entre los destituidos está el coordinador de la principal coalición opositora,Eduardo Montealegre.
El parlamento acató así la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de suspender a los 28 diputados (16 principales y 12 suplentes) que pertenecían al Partido Liberal Independiente (PLI) hasta mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la representación legal de este partido a Montealegre para otorgársela a Pedro Reyes.
La CSJ alegó que ésa fue la forma de resolver una disputa entre cuatro facciones del PLI que reclamaban la conducción del partido.
Reyes reclamó entonces la destitución de los diputados ante el poder electoral porque no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido.
Segunda fuerza
Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó en noviembre de 2011 24 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional, donde era la segunda fuerza política después del oficialismo.
Tanto el poder electoral como los legisladores sandinistas en la junta directiva de la Asamblea alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido con el que fueron electos los diputados.
Reyes, tildado como "colaboracionista" del oficialismo por el bloque opositor, se convirtió en el nuevo representante del PLI hace más de un mes en sustitución de Montealegre, coordinador de la opositora Coalición Nacional por la Democracia.
El reemplazo ocurrió después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por magistrados afines al gobierno, retiró a Montealegre de ese cargo y reconoció a Reyes.
Elecciones sin el PLI
La situación se da a menos de cuatro meses de las elecciones del 6 de noviembre, en las que el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, buscará una nueva reelección sin la participación de la coalición liderada por el PLI, que decidió retirarse tras el dictamen de la CSJ.
