El hambre afecta a 56,5 millones de personas en América Latina, 13,2 millones más que en 2019
El hambre afecta a 56,5 millones de personas en América Latina, 13,2 millones más que en 2019
Entre 2019 y 2021 la cantidad de personas con hambre aumentó en 13,2 millones a 56,5 millones en América Latina y el Caribe, por el encarecimiento de los productos básicos y el aumento de la pobreza extrema, indicó este martes un informe de CEPAL, FAO y WFP.
"El número de personas en la región que padecen hambre aumentó en 13,2 millones, hasta llegar a 56,5 millones", dice el informe elaborado "en respuesta a la crisis alimentaria mundial", y presentado por las tres instituciones de la ONU en Santiago.
En tanto, en 2021 la inseguridad alimentaria afectó al 40,6% de la población de la América Latina y el Caribe. Un total de 267,7 millones de personas se vieron afectadas; 62,5 millones más que en 2019.
Según el informe, "el aumento de la inflación de alimentos y de la pobreza extrema es uno de los factores que incrementan la inseguridad alimentaria y el hambre".
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La inflación de los alimentos "aumenta el riesgo de hambre" y el alza del precio internacional de los productos básicos, cuyo aumento promedio alcanzó un 11,7% en septiembre pasado, se traspasa a los consumidores.
La Cepal estima que la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentaría 0,2 puntos porcentuales en 2022 y podría alcanzar a las 81,8 millones de personas.
El informe también sostiene que las diversas crisis internacionales de los últimos 15 años, han comprometido el acceso de la región a los alimentos y a insumos claves como los fertilizantes para la agricultura regional.
"El hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable", dijo Mario Lubetkin, representante regional de la FAO.
Lubetkin recomendó fortalecer los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares, y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes ya que serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis.
