El gobierno de México aceptó relanzar la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
El rastreo de los jóvenes, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se realizará ahora con la ayuda de elementos tecnológicos y con base en un mapa de fosas clandestinas y otros lugares ya identificados.
Las pesquisas se coordinarán con los padres y familiares de las víctimas.
Este es uno de los acuerdos que este martes anunciaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el gobierno mexicanodurante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el encuentro también se confirmó que los expertos seguirán la investigación de caso Ayotzinapa por lo menos durante seis meses más.
Dos rutas de búsqueda
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos nunca fue suspendida e incluso muchas de las pesquisas se realizaron en los sitios que solicitaron los familiares de los estudiantes.
Según el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, la investigación se realiza en dos vías.
La primera está relacionada con la eventual cremación de los jóvenes asesinados por la banda de narcotráfico Guerreros Unidos, como señala la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Y la otra contempla la posibilidad de que permanezcan con vida. Para eso se realizan operaciones de búsqueda en los sitios que pide la familia de las víctimas.
Entre los acuerdos que se conocieron en la audiencia de la CIDH, destaca la decisión de realizar un nuevo peritaje en el basurero municipal de Cocula.
En este sitio es donde la PGR afirma que se cremaron los cuerpos de los 43 estudiantes.
La nueva investigación estará a cargo de un grupo de especialistas que reciba el visto bueno de la fiscalía mexicana y el GIEI.
Corregir la investigación
Entre los resolutivos que se firmaron este martes también se establece un relevo en la investigación oficial del caso.
A partir de ahora, la responsabilidad es de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, y ya no más en el área encargada de investigar delincuencia organizada.
La idea es "contar con nuevos ojos, con personas que toman una posición a partir de lo que se ha investigado", dijo una de las integrantes del grupo, Ángela Buitrago.
Otro de los acuerdos es que el informe del GIEI se incorpora al expediente de la investigación, algo que ya había aceptado el gobierno mexicano.
Esto significa que el grupo de expertos mantendrá el seguimiento a las recomendaciones que hizo en el documento.
Con base en estas condiciones se pretende establecer una nueva ruta de investigación que tome en cuenta los hallazgos y señalamientos del GIEI.
Corregir el rumbo de la investigación fue uno de los señalamientos centrales en el informe del grupo de expertos.
La fecha de inicio para la nueva etapa es el 31 de octubre.
