AFP
Dos mujeres y ocho hombre compiten por la presidencia de Perú en las elecciones generales del 10 de abril, aunque uno de ellos lo hace en una inédita situación: Gregorio Santos del izquierdista Democracia Directa, lleva su campaña desde la cárcel.
Santos, líder antiminero y gobernador entre 2011 y 2014 de Cajamarca - región del norte de Perú donde se halla Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina- está bajo prisión preventiva desde hace casi dos años en la cárcel limeña de Piedras Gordas, acusado por la fiscalía de corrupción en su gestión. Sin condena, la ley no le impide postular.
El líder político, de 49 años, dejará el próximo domingo por unas horas la prisión para acudir ese día al único debate presidencial en el que podrá participar en igualdad de condiciones que sus contrincantes desde que arrancó la campaña hace unos 100 días, en enero pasado.
El debate lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral de Perú, quien intercedió ante el Instituto Nacional Penintenciario para que le otorgue a Santos un permiso especial de salida el tres de abril.
"Sale el domingo y regresa ese mismo día. Estamos atendiendo a una invitación formal del Jurado Nacional de Elecciones", aseveró el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Magán, citado por el diario El Comercio, al anunciar la decisión.
Por Facebook y Twitter
Santos recurre principalmente a las redes sociales Facebook y Twitter para impulsar una campaña franciscana dada su situación, en sintonía con la tecnología de estos tiempos.
Según un reciente sondeo de la consultora Ipsos, Santos obtiene 1% de las preferencias contra 32% de Keiko Fujimori -hija del condenado ex Pesidente Alberto Fujimori (1990-2000)-, que lidera las encuestas. Su intención de voto es irrelevante, pero en las calles de Perú se destaca, como algo favorable, que se encuentra en el mismo nivel de otros candidatos como el ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006), con 2%.
Y está muy activo. El miércoles colocó una foto donde se le aprecia sonriente con un sombrero campesino y un cartel con la leyenda "Pongo el pecho por mi país". Detrás suyo en una pizarra, se ve dibujado el símbolo electoral de su agrupación: una casa tradicional de los Andes con un chimenea humeante y el lema: "El Perú para los peruanos".
Reflexiones sobre Perú en Facebook, y algunas propuestas resumidas en los 140 caracteres de Twitter constituyen el grueso de los contenidos de sus mensajes.
"(El candidato Alfredo) Barnechea confirma su presencia en debate, ahí estaremos para defender nuestras ideas, mineros versus defensor del medio ambiente", escribió Santos en Twitter sobre el contrincante del debate presidencial.
El debate tendrá lugar en el centro de convenciones de Lima bajo el formato de duplas y allí polemizará con Barnechea, un periodista postulado por el partido de centro Acción Popular.
En las últimas semanas Santos ha sido entrevistado en prisión por la televisora estatal y cadenas privadas, donde se ha podido expresarse sin limitación alguna.
En febrero pasado Santos ya había participado desde la cárcel en un debate televisivo organizado por instituciones gremiales, donde intervino por teléfono.
Preso pero libre para postular
"Él no está sentenciado, por ello hay restricciones que no se le pueden aplicar", agregó el jefe del sistema carcelario peruano sobre las razones por las cuales no puede impedir que Santos conceda entrevistas e incluso abandone por horas la prisión para ejercer sus derechos civiles, como ser candidato.
En prisión desde junio de 2014, Santos ya sabe lo que es disfrutar una victoria tras las rejas. En octubre de ese año fue reelecto gobernador para el período 2015-2018, pero el Jurado Nacional de Elecciones lo suspendió del cargo por no haber podido asumirlo al estar en detención preventiva. En su lugar se nombró gobernador a su mano derecha Octavio Medina.
El ex gobernador de Cajamarca es una de las caras más notorias de las protestas antimineras en Perú. En 2011, alegando defender el medio ambiente, logró que se paralice el proyecto Conga del gigante minero Newmont, que preveía una inversión de unos 4.800 millones de dólares.
La fiscalía ha pedido para él 24 años de prisión y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, bajo la imputación de los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.
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