AFP
El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, ratificó este domingo una ley antiterrorista que estipula multas exorbitantes y la posible suspensión de empleo para cualquier periodista que contradiga la versión oficial en caso de atentados u operaciones militares.
Sisi prometió una legislación más dura para "luchar contra el terrorismo", un día después del atentado que le costó la vida el 29 de junio al fiscal general Hisham Barakat.
Tras este atentado, que todavía no ha sido reivindicado, combatientes yihadistas lanzaron una serie de ataques a gran escala el 1 de julio contra soldados en la península del Sinaí.
Los militares mostraron su enfado con los medios de comunicación por informar, citando a responsables de seguridad, de la muerte de decenas de soldados en el ataque del Sinaí. El balance oficial era de 21 soldados muertos y gran número de yihadistas.
La controvertida ley, publicada en el Boletín Oficial, establece una multa mínima de 200.000 libras egipcias (25.000 dólares, 22.500 euros) y una máxima de 500.000 libras por difundir informaciones "falsas" sobre los ataques o los operativos contra combatientes islamistas.
El Cairo había propuesto inicialmente penas de cárcel, pero se echó atrás tras una ofensiva de los medios de comunicación egipcios.
Sin embargo, aunque la ley ratificada no hace referencia explícita al periodismo, añade otra cláusula que permite a los tribunales "evitar que el condenado ejerza su profesión durante un período de no más de un año, si viola los principios de la profesión".
Los opositores a la ley opinan que las fuertes multas pueden obligar a cerrar a los periódicos más pequeños y disuadir a los más grandes de informar de manera independiente sobre los atentados y las operaciones contra los atacantes.
Según responsables gubernamentales, para condenar a un periodista en virtud de la nueva ley, el texto exige que debe probarse la intención de difundir falsas informaciones.
Asimismo, la ley establece la pena de muerte para los condenados por crear, liderar o financiar "grupos terroristas", y prisión para los culpables de promover el "terrorismo".
Desde que el ejército derrocara al presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, la represión contra sus partidarios ha dejado más de 1.400 muertos.
Asimismo, otros cientos han sido condenados a muerte en juicios masivos, si bien la justicia anuló decenas de estas penas. Mursi, condenado a la pena capital en junio, también ha recurrido su sentencia.
Tras la destitución del presidente islamista, los grupos yihadistas han multiplicado sus ataques contra las fuerzas de seguridad, matando a centenares de policías y soldados.
