El nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema argentina volvió a ser objeto de polémica este lunes, cuando dos abogados presentaron una denuncia contra el presidente Mauricio Macri en la que le atribuyen el delito de “abuso de autoridad”. Según informó el diario Página/12, los letrados Pablo Llonto y Eduardo Tavani consideran en su querella que el procedimiento usado por Macri para la designación de Carlos Rosentkrantz y Horacio Rosatti como integrantes del máximo tribunal argentino es “ilegal y manifiestamente violatorio” de la Constitución.
El pasado 14 de diciembre, el presidente argentino se acogió al artículo 19 de la Carta Magna para cubrir dos vacantes de la Corte de forma provisional, evitando el trámite que obliga a que los cargos sean ratificados por al menos dos tercios del Senado, tal y como dicta el procedimiento convencional para este tipo de nombramientos. Según defendió entonces el Ejecutivo, la Constitución contempla este mecanismo para designar trabajadores públicos cuando la Cámara Alta se encuentra en periodo vacacional, sin embargo, el escrito de los abogados argumentan que ese artículo no incluiría a cargos de la magistratura sino exclusivamente los vinculados al Poder Ejecutivo.
El escrito, avalado por la exjueza Lucila Larrandart, directora del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, insiste en que los nombramientos contrarían lo “constitucionalmente debido y obligatorio”, y extiende la responsabilidad al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano. Tavani y Llonto recuerdan en su presentación que el mismo artículo invocado por el Ejecutivo incluye, en uno de sus incisos, que los jueces supremos se deben designar con “acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública”.
Otro de los argumentos esgrimidos por Macri y Peña para justificar el procedimiento fue el criterio de “urgencia”, una explicación que para los demandantes carece de valor, pues las designaciones se produjeron cuatro días después la asunción del nuevo Gobierno. En este sentido, recuerdan que la oposición se negó “de modo sistemático” a que la expresidenta Cristina Fernández cubriese una de las sillas del tribunal, vacante desde que el magistrado Raúl Zaffaroni abandonase su cargo el pasado 31 de diciembre de 2014.
Por otro lado, mencionan que para un caso de urgencia, el sistema legal argentino contempla dos mecanismos: la designación de jueces subrrogantes (temporales) o el nombramiento de conjueces (cargos suplentes para intervenir en una materia específica). La denuncia recayó en el juez Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas. Igualmente controvertido ha sido la modificación por decreto de la ley de medios antimonopolio, consumada este 4 de enero. La ley en cuestión había sido aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Mediante ese decreto presidencial, Macri disolvió los organismos reguladores de medios existentes y le asignó sus funciones a uno solo: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La norma dispuso asimismo la creación de una comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley Argentina Digital. En respuesta a las críticas por apelar a un decreto, el Gobierno sostuvo que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.
