La Unión Americana de Libertades Civiles denunció este miércoles (06.07.2016) en California la deportación irregular de un número imposible de determinar de veteranos latinos del Ejército estadounidense. "Casi todos ellos eran elegibles para naturalización [alistarse facilita el proceso de adquisición de la ciudadanía], pero fueron engañados para creer que el servicio los hacía ciudadanos o simplemente lo creyeron porque tomaron un juramento que se parece mucho al juramento de ciudadanía", señaló Bardis Vakili, abogado de ACLU en California.
El informe "Discharged, then discarded" ('usados y luego desechados'), que analiza el caso de 84 veteranos deportados, señala que a su regreso tras cumplir servicio muchos de esos veteranos fueron objetos de "leyes draconianas de inmigración que clasificó muchos delitos menores como crímenes objeto de deportación". "Los hemos abandonado en muchas formas", lamentó Vakili al recordar que muchos de ellos no recibieron la atención médica a la que tenían derecho al volver del frente.
El abogado advirtió que muchos de los excombatientes que han sido deportados a México y Centroamérica corren el riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales que buscan personal con entrenamiento militar. El próximo viernes un grupo de veteranos indocumentados presentará en la garita de San Ysidro, en California, solicitudes para que se revisen sus casos. Y la próxima semana, el congresista Juan Vargas presentará una iniciativa de ley que busca que se establezcan servicios de naturalización desde que los soldados son entrenados, así como que se les garantice el acceso a servicios médicos.
Éxito con los niños migrantes
La sentencia de un tribunal federal de apelaciones de San Francisco, por la que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional deben liberar de forma inmediata a los niños detenidos en centros de migrantes, supone un rayo de esperanza para estos casos. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones señaló que la detención prolongada de los niños migrantes (llegados en masa en 2014 a través de la frontera mexicana) es ilegal y viola un acuerdo judicial previo que prohíbe el encierro de menores en centros de detención. La corte determinó que las autoridades migratorias sí pueden mantener detenidos a los padres de los pequeños, lo que revierte un fallo anterior.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigracion (AILA) consideró la sentencia como "un logro muy grande porque el Gobierno estaba peleando duro para que no liberen a estos niños acompañados". Su portavoz Víctor Nieblas, ha seguido esa realidad muy de cerca: "Cuando estuve en Dilley (Texas) hace un mes me di cuenta que no se cumple lo de los 20 días, cuando las madres y sus hijos están cerca de cumplir ese límite de 20 días detenidos los trasladan a otro centro, ya sea a Karnes (Texas) o Pensilvania y empiezan a contar nuevamente los 20 días". "Lo que queremos es que cierren definitivamente estos centros de detención familiares", resume Nieblas.
