Hace justo dos años declaró por 15 horas en Chile por la causa que involucra al ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, por eventual delito de lavado de activos, y a él, por haber sido representante en varias de sus compañías, entre ellas, Westfield Capital, que es la que se encuentra en el ojo del huracán por su vinculación al Caso Lavajato, y la razón por la cual PPK, como le llaman allá, se encuentra en prisión domiciliaria.
Amigo y cercano al ex presidente, Gerardo Sepúlveda lo conoció en los inicios de su carrera cuando ambos trabajaron en CAP: desde ese momento el peruano se convirtió en su mentor, y el chileno a su vez, en asesor favorito de sus compañías.
El problema que los tiene a ambos enredados en temas judiciales nació cuando el brasileño Jorge Barata, señaló que con el objetivo de ganar licitaciones de obras públicas, Oderbrecht pagó coimas, entre 2004 y 2011, por US$ 29 millones a funcionarios peruanos, entre ellos al propio Kuczynski. En su caso, la fiscalía persigue una serie de contratos de asesorías por montos cercanos a los US$ 782 mil.
No fue un verano tranquilo para Sepúlveda. Durante los últimos meses se encerró con su defensa para enfrentar lo que hasta el 11 de febrero no le había sido notificado: que lo investigaban formalmente por lavado de activos, y por lo cual, ese día, el fiscal José Domingo Pérez solicitó para él prisión preventiva por 36 meses. El juez se la negó, pero lo obligó a firmar cada tres meses, y a comparecer, sin restricciones, cada vez que el fiscal así lo estime. Pero había más.
Nuevas complicaciones
Fue a fines de febrero cuando Gerardo Sepúlveda recibió noticias de Perú: debía aterrizar el 24 en Lima para comparecer en tres diligencias decretadas por la fiscalía peruana, sin saber que ese día comenzaría su vida en un hotel. “Llegó el lunes a las 9 de la mañana, como estaba programado, y el fiscal no llegó. Tampoco le tomó la declaración agendada para ese 26 de febrero, lo que demuestra que esto es un verdadero tongo, un mecanismo de tortura judicial para conseguir declaraciones incriminatorias de testigos no vinculados con la investigacion", dice el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, quien encabeza la defensa del chileno, y trabaja de la mano de los peruanos Percy García y Carlos Rosa.
En ese momento, el fiscal peruano lo declaró testigo clave en otra causa: la que persigue los eventuales delitos de corrupción del ex presidente Alejandro Toledo -hoy prófugo de la justicia-, una arista que le ha tomado a la fiscalía dos años y que fue cerrada a principios de febrero y reabierta a fines de ese mismo mes.
El ingrediente principal: se decretó que Sepúlveda deberá permanecer dos meses en Lima, lo que es “algo inédito”, dice Piña. “Nunca antes se había dejado a un testigo con arraigo, lo que es una total arbitrariedad y la razón de por qué esa decisión ha causado tanto escozor entre los medios y autoridades peruanas”, afirma Piña, quien además insiste que es una señal muy preocupante para cualquier chileno que vive o está de paso en ese país, porque “la sola presencia de un compatriota que ve un accidente, podría significarle un escenario como el que vive Sepúlveda”, lo que en ojos del abogado explica por qué es tan urgente que Cancillería tome cartas en el asunto. “Aquí, no se está respetando el debido proceso”, agrega.
Piña se reunió la semana pasada con Patricio Guesalaga, cónsul chileno en Perú, que ya está al tanto de las tratativas, pero la defensa de Sepúlveda aún no obtiene una respuesta oficial del gobierno. Mientras tanto la defensa está a la espera de su apelación.
