Considerado como un fallo histórico del Tribunal Constitucional, se ordenó modificar antes de finales de 2020 la ley de 1953 que reprime la interrupción voluntaria del embarazo.
Corea del Sur es uno de los últimos países desarrollados en prohibir el aborto, salvo en caso de violación, incesto o riesgo para la madre.
Fuera de esos casos, las mujeres que recurren al aborto son pasibles de una pena de un año de cárcel y de una multa.
Los médicos que realizan abortos pueden ser condenados por su parte a hasta dos años de cárcel.
Este jueves, por siete votos a favor contra dos en contra, el Tribunal Constitucional dictaminó que la ley de 1953 de protección de la vida y los valores tradicionales "es contraria a la Constitución" y pidió una evolución legislativa antes del fin de 2020.
"La prohibición del aborto limita el derecho de las mujeres a asumir su propio destino y viola su derecho a la salud al restringir el acceso a procedimientos seguros en el momento oportuno", afirmó el Tribunal Constitucional en un comunicado.
"Los embriones dependen completamente para su supervivencia y desarrollo del cuerpo de la madre, por lo cual no se puede concluir que sean seres vivos separados e independientes con derecho a la vida", indicó el comunicado.
"La decisión de hoy se tomó porque innumerables mujeres no cesaron de luchar por sus derechos durante muchos años. Merecemos la atención y el reconocimiento del mundo", dijo a la AFP la militante feminista Bae Bok-ju.
Pese a la ley de 1953 no se procesa a casi nadie por abortar o efectuar abortos, pero las asociaciones exigen la legalización del aborto aduciendo, entre otras razones, el hecho de que las mujeres con pocos recursos se ven obligadas a abortar en malas condiciones sanitarias.
En los últimos años se multiplicaron los llamados a legalizar el aborto, pero la prohibición cuenta con numerosos partidarios en una sociedad muy conservadora con relación a las mujeres y en la cual las iglesias evangélicas tienen una influencia importante.
