La Audiencia de Barcelona decidió este martes mantener en prisión preventiva a la espera de juicio al futbolista brasileño Dani Alves, sospechoso de violar a una mujer en una discoteca de esta ciudad, dado el "elevado riesgo de fuga".
El tribunal considera que "concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían como hemos dicho abandonar España en cualquier momento", informó la justicia en un comunicado.
Para el tribunal, retirarle el pasaporte al exjugador del FC Barcelona de 39 años no le "impediría (...) salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación", prosigue el comunicado.
Si llegara a Brasil, "no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición", prosiguió, dado que el país sudamericano no suele extraditar a sus ciudadanos.
De hecho, la abogada de la víctima recordó, para oponerse a la libertad condicional, el caso de otro exfutbolista brasileño, Robinho, condenado a nueve años de cárcel en Italia por la violación en grupo de una joven en 2013, pero que reside tranquilamente en su país.
Tampoco la imposición de una fianza cuantiosa serviría de disuasión a Alves, ya "que dispone de un abultado patrimonio", estimó el tribunal.
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La defensa del jugador había propuesto también que se le colocara algún dispositivo electrónico de seguimiento, pero la justicia consideró que estos artilugios "no tienen como finalidad geolocalizar a aquel que la lleva instalada, sino proteger a la víctima y evitar que una orden de alejamiento sea incumplida".
Tanto la Fiscalía como la acusación particular se oponían a su liberación.
El 2 de enero, una joven denunció que Alves la había violado en el baño del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.
El jugador, que inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión pero acabó admitiendo que habían mantenido relaciones consensuadas, según fuentes cercanas al caso.
La jueza instructora de la causa abierta por un presunto delito de agresión sexual -que en el código penal español comprende la violación- decretó el 20 de enero su ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza teniendo en cuenta, entre otros, las contradicciones en sus primeras declaraciones y el elevado riesgo de fuga.
