Cuba aprueba proyecto de nueva Constitución que reconoce propiedad privada
Cuba aprueba proyecto de nueva Constitución que reconoce propiedad privada
AFP
El Parlamento de Cuba aprobó el domingo un proyecto de nueva Constitución que reconoce el mercado y la propiedad privada como parte de su economía, sin abandonar su rumbo socialista.
El nuevo texto constitucional fue aprobado por unanimidad en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El proyecto pasará ahora a discusión popular del 13 de agosto al 15 de noviembre. Por último se realizará un referendo nacional, antes de su aprobación final.
"Estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular y el referendo, a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la revolución", dijo el Presidente Miguel Díaz-Canel, al clausurar la sesión parlamentaria de dos días.
Díaz-Canel, quien sucedió en el poder a Raúl Castro desde el 19 de abril, subrayó que en esa discusión "cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la patria".
El proyecto de 224 artículos reafirma "el carácter socialista" del sistema político cubano y el papel rector del gobernante y único Partido Comunista, a la vez que mantiene invariables sus fundamentos económicos: "la propiedad socialista de todo el pueblo y la dirección planificada de la economía".
Sin embargo, retira de la nueva Carta Magna la parte que alude a la "sociedad comunista" como un fin.
Piso legal para las reformas
Luego de cuatro décadas de propiedad mayoritariamente estatal, Raúl Castro inició en 2008 reformas para "actualizar" el modelo económico de la isla, que impulsaron el trabajo privado, que hoy abarca a 591.000 personas y representa el 13% de la fuerza laboral.
Sin embargo, esas reformas, que ahora Díaz-Canel debe continuar, requieren de un piso legal que no existe en la Carta Magna vigente, que data de 1976.
El proyecto sienta las bases para integrar diferentes actores económicos, al reconocer el papel del mercado en la economía socialista de la isla, la inversión extranjera y nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada.
El reconocimiento de esta forma de propiedad puede dar paso a la legalización de la pequeña y mediana empresa, surgidas al amparo de las reformas.
"Esta dinámica abre perspectivas de otros cambios que ahora serían no solo deseables sino lógicos desde una perspectiva de desarrollo", opinó el analista político cubano Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas-Rio Grande Valley.
Asimismo, la nueva Constitución permitirá la generación de riqueza a través de una actividad privada reglamentada por el sistema socialista, un tema que generó amplios debates en el parlamento, según imágenes difundidas por la televisión cubana.
El presidente ya había advertido días antes de la reunión de la Asamblea Nacional que "en Cuba no hay ni habrá giros capitalistas".
En el plano político, el proyecto instituirá la fórmula de Presidente de la República (actual presidente del Consejo de Estado y de Ministros), y el vicepresidente. Restablece el cargo de primer ministro.
Además, a diferencia de la Constitución de 1976, el proyecto define el matrimonio como la unión concertada entre dos personas, sin precisar sexo, allanando legalmente el camino para el matrimonio homosexual, una importante demanda de la comunidad LGBT en la isla.
Tensa situación financiera
En su discurso ante la Asamblea Nacional, Díaz-Canel informó que la economía cubana creció en 1,1% durante el primer semestre y que se mantiene bajo "una tensa situación en las finanzas", e invocó al "uso eficiente de los recursos disponibles, garantizando los servicios básicos".
El sábado, el gobernante anunció a los integrantes de su Consejo de Ministros. La mayoría de ellos fue ratificado en el cargo que ocuparon durante el gobierno de su antecesor. Aunque hizo algunos ajustes en el campo económico.
"El gobierno debe asumir grandes retos en un contexto internacional complejo y con la situación económica que tiene el país", agregó.
La economía de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde hace más de cinco décadas, creció un 0,5% en 2016 y un 1,6% en 2017.
