Cruda disputa por el poder en las Maldivas “preocupa” a la UE

La Unión Europea (UE) consideró “preocupante” la declaración del estado de emergencia en las Maldivas e indicó que es "esencial" la restauración de los derechos y libertades fundamentales en el país.

"La decisión de declarar el estado de emergencia y suspender las libertades fundamentales consagradas en la Constitución de las Maldivas es la última de una serie de acontecimientos preocupantes en el país", indica un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Se necesita establecer diálogo

Para la UE, "es esencial que todos los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución se restablezcan con carácter inmediato y que se respete el debido proceso legal". Según la Unión, es necesario además "establecer un diálogo genuino con todas las partes políticas sobre el futuro del país".

Asimismo, los Veintiocho confían en que las partes "actúen con responsabilidad y hagan gala de contención". El Gobierno de Maldivas declaró este miércoles el estado de emergencia por "amenazas" a la seguridad nacional, y su Parlamento, de mayoría pro gubernamental, respaldó esa decisión y aprobó hoy la moción de censura contra el vicepresidente del archipiélago asiático, Ahmed Adeeb, encarcelado en relación con un supuesto atentado contra el presidente, Abdula Yameen.

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Las Maldivas es país compuesto por 1.192 pequeñas islas de paisajes paradisíacos y lujosos complejos hoteleros que está en problemas por un juicio en el que está involucradas las juristas Amal Clooney, esposa de George Clooney, y Cherie Blair, esposa del exprimer ministro británico Tony Blair. Ahora, el presidente Abdulla Yameen declaró un estado de emergencia de 30 días antes de una planeada manifestación antigubernamental.

El principal partido de oposición, el Partido Demócrata de Maldivas (MDP), tiene programado llevar a cabo el viernes una protesta.

Su líder, Mohamed Nasheed -quien fue el primer presidente democráticamente electo en el país de 2008 a 2012- fue encarcelado en marzo pasado y sentenciado a 13 años en prisión. Su condena -bajo el Acta Antiterrorista de Maldivas- por arrestar a un juez cuando era presidente, fue descrita por grupos de derechos humanos como "políticamente motivada" y extensamente criticada por la comunidad internacional.

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