AFP
Voces de Paz y Reconciliación es un grupo de colombianos que ha asumido "la difícil pero reconfortante tarea de contribuir a que se consoliden las condiciones para la transformación de las FARC-EP en un partido político legal", dijo Imelda Daza, unas de las representantes de la colectividad, en rueda de prensa en Bogotá.
"Nuestras voces serán las voces del acuerdo de paz", agregó, sobre una colectividad de la que no hacen parte miembros activos del grupo insurgente, cuyos integrantes están en tránsito a las zonas donde se concentrarán para dejar las armas en un plazo máximo de seis meses.
En el pacto de paz firmado el 24 de noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establece que los rebeldes tengan seis representantes en el Congreso, con voz pero sin voto, mientras se implementa lo convenido.
El Parlamento, que refrendó el acuerdo tras su renegociación luego de que el pacto original fuera rechazado en un plebiscito, deberá aprobar distintos actos legislativos y reformas constitucionales para la implementación.
Los miembros de Voces de Paz participarán exclusivamente en los debates relacionados con lo acordado por las partes, según indicó un comunicado conjunto.
En el Senado estarán el abogado constitucionalista y vocero de la agrupación, Pablo Cruz, el economista Jairo Estrada y la defensora de derechos humanos Judith Maldonado.
En la cámara baja estarán Daza, economista miembro de la izquierdista Unión Patriótica (UP), colectividad víctima de una matanza en los años 1980 y 1990; el líder estudiantil Jairo Rivera y Francisco José Tolosa, fundador del movimiento Marcha Patriótica.
Los voceros no descartaron hacer parte de la colectividad que surja de la reincorporación de las FARC a la legalidad una vez dejen las armas.
Su participación en el Parlamento empezará la próxima semana con las discusiones de la ley de amnistía, explicó Estrada, que se tramitará por vía rápida.
Este mecanismo reduce los tiempos de discusión para validar las normas y estipula que los congresistas deben aprobar o rechazar los textos sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.
