La corte suprema de Brasil dio este jueves un vuelco radical a las normas de encarcelamiento en el país, en una decisión que llevó a los abogados del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva a pedir su "liberación inmediata".
"Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base en el resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)", informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.
El STF decidió por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, modificando la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de la pena a partir de una condena en segunda instancia.
Lula, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero.
El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Lava Jato cuestionada
Esa revisión priva a la Operación Lava Jato, que reveló una trama de corrupción en Petrobras, de uno de sus instrumentos favoritos.
"La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país", expresaron los fiscales de Lava Jato en un comunicado.
La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.
La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, y convocó a marchas para el sábado en todo el país.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.
Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un "preso político", víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
El líder de la izquierda ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.
El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.
Corte dividida
El STF se escindió en dos -con 5 votos a favor y 5 en contra de la modificación de la jurisprudencia- y el desempate recayó en su presidente Dias Toffoli.
Los embates se dieron en torno a un artículo de la Constitución de 1988, que afirma que "nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria".
"El Parlamento decidió la necesidad de la condena en firme. No es un deseo del juez, no es un deseo de nadie como no sea el de los representantes del pueblo brasileño", explicó Dias Toffoli.
