AFP
La Corte Suprema de Argentina falló este martes en favor de autorizar el aumento de tarifas eléctricas en la poblada provincia de Buenos Aires, tras una ola de amparos judiciales para frenar los incrementos que en algunos casos superan el 700%.
La Corte falló en sentido inverso a como lo había hecho a mediados de agosto para los aumentos de las tarifas de gas, cuando ordenó suspenderlos hasta la celebración de audiecencias públicas como lo indica la ley, un paso que el gobierno de Mauricio Macri se había saltado.
Respecto a la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, el tribunal rechazó por unanimidad el pedido de dejar el aumento sin efecto que habían presentado diputados de la oposición y el defensor público, tras una ola de amparos.
La Corte entendió que quienes promovieron la demanda "carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires".
El fallo no se pronunció sobre la cuestión de fondo y deja abierta la posibilidad a otros recursos de consumidores que avanzan en la justicia.
Sin embargo la resolución es una buena noticia para el gobierno de centroderecha de Macri que brega por poner en vigencia aumentos de electricidad y gas que superaron el 1.000% en algunos casos y causaron una ola de protestas.
"Tarde o temprano van a tener que pagar los aumentos", había advertido el jefe de Gabinete Nacional Marcos Peña semanas atrás.
El ajuste, anunciado en abril pasado, también alcanzó al transporte y al servicio de agua en un contexto de alta inflación que en el primer semestre acumuló 28,7%, con 200.000 despidos, según sindicatos, y la economía en recesión.
El gobierno ha hecho del ajuste una cuestión de Estado al suprimir subsidios en pos de recortar el déficit fiscal, que ronda el 7% del Producto Interno Bruto, igual que en 2015.
En gobierno se vio forzado por la Corte a retrotraer los aumentos en el caso del gas y convocar a una audiencia pública para el 12 de este mes en la que propondrá un cuadro tarifario con una suba promedio de 200% y ajustes semestrales.
La opinión de la audiencia pública, en la que participan los consumidores, no es vinculante, pero resulta un aval necesario para el gobierno en un contexto social cada vez más efervescente con los sindicatos en guardia y bajo amenaza de una huelga general y manifestaciones de calle en reclamo de trabajo.
