El ministro instructor de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, aprobó hoy ampliar la extradición del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori por nuevos delitos, por los cuales podrá ser investigado en su país, tras acoger la solicitud realizada por la justicia peruana planteada en enero.
Tras analizar los antecedentes enviados por Perú, el ministro determinó que existen presunciones fundadas para estimar la participación de Fujimori en los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y peculado en contra la administración pública, los que habría cometido durante su mandato presidencial (1990-2000).
En el fallo, el ministro Blanco señala que "fluye de los antecedentes que la acción penal por los delitos que se le imputan al requerido se encuentran plenamente vigentes, ya que se cometieron dentro de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, por consiguiente, al constituir delitos de Lesa Humanidad son de naturaleza imprescriptibles".
La resolución agrega que existen declaraciones de testigos y documentos que "permiten dar por establecido el peculado -homologado al fraude al Estado-, y con el cúmulo de probanzas que se adjuntaron, también se acreditó el delito de asociación ilícita, puesto que resulta irrefutable que la citada agrupación que se conformó, poseía una amplia estructura operativa, de naturaleza clandestina, con una cadena de mando jerarquizada, pero compartimentada en sus ejecuciones, organización criminal que, ideó, programó y trazó un plan de acción con las exigencias propias de esas entidades".
Puntualiza que "resulta evidente que los acontecimientos ocurridos -múltiples asesinatos- se verificaron dentro del ámbito de antijuridicidad en que se desenvolvía la referida asociación, cuyos integrantes realizaron una serie acciones encaminadas a conseguir el propósito criminal de la organización delictiva, consistente en eliminar físicamente a civiles que eran opositores al régimen político imperante".
Fujimori fue extraditado desde Chile a Perú en septiembre de 2007, hecho tras el cual fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos y corrupción. Actualmente está recluido en la cárcel de Barbadillo de Lima.
