Corte Penal Internacional autoriza investigación por posibles crímenes en Burundi
Corte Penal Internacional autoriza investigación por posibles crímenes en Burundi
La Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado una investigación sobre Burundi dos días antes de la retirada de este país del Estatuto de Roma, por lo que el tribunal mantiene la jurisdicción sobre los posibles crímenes cometidos en ese país desde abril de 2015, según informó en un comunicado.
La Fiscalía también ha sido autorizada a extender la investigación a delitos cometidos antes de 2015 o incluso después de octubre de 2017 "si se cumplen ciertos requisitos legales", indica la nota.
El tribunal considera que hay una "base razonable" para pensar que tanto la Policía como el Ejército de Burundi lanzaron un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil", especialmente contra aquellos "percibidos como opositores al partido gobernante".
Ola de violencia
Los hechos se produjeron cuando el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución, lo que desencadenó una ola de violencia que causó la muerte de unas 1.200 personas, el arresto de varios miles y el exilio de más de 410.000, según los datos que maneja el tribunal.
HRW celebra la decisión
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) celebró hoy la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una nueva investigación.
"La decisión demuestra que retirarse de la CPI no protege a un Gobierno de que se investigue su papel en graves violaciones de los derechos humanos", afirmó la directora asociada para Justicia Internacional de HRW, Param-Preet Singh.
"El rol de la CPI no puede ser anulado, dejando así olvidados horribles abusos", añadió. La organización considera que la nueva investigación de la CPI abre un camino para que "las víctimas en Burundi y sus familias puedan ver un día que los responsables son llevados ante la Justicia".
HRW pone el foco sobre las fuerzas del Ejecutivo y la sección juvenil del partido gobernante, la Imbonerakure, a las que acusa de poseer "un devastador registro de abusos que incluyen violaciones, torturas y ejecuciones, que han dejado a Burundi al filo de la acción de la CPI".
