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Corte Interamericana condena a Perú por tortura y violación de la policía a mujer trans

Corte Interamericana condena a Perú por tortura y violación de la policía a mujer trans
AFP
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El órgano de Derechos Humanos de la OEA aseguró que la mujer hizo la denuncia correspondiente a los tribunales de justicia, pero el caso fue desestimado y archivado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Perú por vulnerar los derechos a la libertad y la integridad personal de una mujer trans que fue detenida, torturada y violada por agentes de la policía, informó este lunes el tribunal.

La víctima, identificada como Azul Rojas Marín, fue detenida el 25 de febrero de 2008 por policías, que la agredieron e insultaron por su condición de persona sexualmente diversa, indicó la CorteIDH en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Casa Grande, en la costa norte de Perú, de donde Rojas Marín es original.

Corte Interamericana condena a Perú por tortura y violación de la policía a mujer trans
Corte Interamericana condena a Perú por tortura y violación de la policía a mujer trans

En la comisaría de Casa Grande "fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada", según la corte continental con sede en San José.

Rojas Marín denunció a los policías ante las instancias judiciales peruanas, pero el caso fue desestimado y archivado.

La CorteIDH ordenó al Estado peruano continuar las investigaciones del caso para sancionar a los responsables y desarrollar un plan de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra la población sexualmente diversa.

El tribunal apuntó en la sentencia que "las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) han sido históricamente víctimas de discriminación, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales".

Por ello, determinó que el Estado peruano violó el derecho a la libertad personal de Rojas Marín, "pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria".

Señaló además que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, con lo cual violó los derechos de la víctima a las garantías y protección judicial.

La sentencia destaca que en la sociedad peruana existían, en el momento de los hechos, "fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia" que frecuentemente son cometidos por agentes estatales.

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