AFP
La Asamblea Constituyente del presidente venezolano, Nicolás Maduro, inició este sábado sus funciones con mano de hierro, al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, e imponer a su sustituto.
El órgano, un "suprapoder" que reescribirá la Carta Magna promulgada por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 1999, también decidió que legislará hasta por dos años.
Cumpliendo el deseo de Maduro de darle un revolcón a la Fiscalía, luego de que Ortega se le rebelara, la Constituyente removió a la fiscal, que acusa al mandatario de tener "ambiciones dictatoriales".
Pero la funcionaria desconoció la decisión y dijo que no la acatará porque la misma está "al margen de la Constitución y la ley", según un comunicado.
Inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, la suspendió de sus funciones para someterla a juicio por supuestas irregularidades en el cargo.
Pero instantes después la Constituyente la destituyó fulminantemente ante una propuesta del asambleísta y poderoso dirigente Diosdado Cabello.
Como todas las decisiones del día, fue aprobada por aclamación y sin debate entre los más de 500 asambleístas.
Maduro justificó la decisión en una entrevista con una radio argentina, indicando que la fiscal "mintió" en acusaciones contra el TSJ.
En reemplazo de Ortega, chavista de 59 años, la Constituyente juramentó provisionalmente a Tarek William Saab, un oficialista radical, quien dejó la Defensoría del Pueblo.
La exfiscal, quien tiene prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas, sostuvo que este caso solo es una "muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar".
Temprano, militares le impidieron ingresar a su despacho, tras lo cual partió en una moto con escoltas y prometió que seguirá "luchando".
"Estas decisiones ya se habían anunciado", pero revelan la intención de mostrar "mano dura por parte de un poder que podríamos considerar de facto", dijo a la AFP la analista Francine Jácome.
Rechazo internacional
"Estados Unidos condena la destitución ilegal de la fiscal de Venezuela @LOrtegaDiaz [el usuario de Ortega en Twitter] para endurecer la dictadura autoritaria de Maduro", escribió la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
La condena se une a la de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, Canadá y varios países latinoamericanos, así como la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
"Es el secuestro total de todas las instituciones (...) por un solo partido", dijo a periodistas Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora.
Para el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, es el "primer acto dictatorial" de la "ilegítima" Constituyente, mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que la "dictadura será barrida por el pueblo".
Washington, que ha anunciado sanciones económicas por la aprobación de la Constituyente y es acusado por Caracas de tener un plan golpista, descartó una intervención militar, según el asesor de Seguridad nacional Herbert Raymond "HR" McMaster.
Alegando una "ruptura del orden democrático", el Mercosur suspendió este sábado a Venezuela, decisión que fue respaldada por la OEA y la Casa Blanca.
Al país "no lo van a sacar del Mercosur. Jamás. Somos Mercosur de alma, corazón y vida", replicó Maduro.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó a su vez la decisión del Mercosur, a la que consideró "una expresión ejemplar en defensa de los principios que unen a nuestros países" y "un mensaje de esperanza y apoyo al pueblo de Venezuela en el momento en que lucha por sus libertades y sus derechos".
Ortega recibió, en tanto, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que advirtió que la vida de la fiscal está en "riesgo inminente". El gobierno desestima esas medidas de protección.
Constituyente por dos años
La Constituyente tomó otra medida que estremece el ya convulso escenario político, al decidir que su período de funciones será de hasta dos años.
De abarcar ese lapso, iría más allá del mandato de Maduro, que finaliza en enero de 2019.
Jácome opinó que esa decisión deja en el limbo las elecciones de gobernadores, anunciadas para diciembre, y las presidenciales, que deberían realizarse a fines de 2018.
La MUD, que exige comicios generales para resolver la grave crisis política y económica, considera a la asamblea constituyente como un "fraude" para mantener a Maduro en el poder e instaurar una "dictadura comunista".
Presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, la constituyente activará este domingo una Comisión de la Verdad que, según Maduro, investigará los "crímenes de la derecha" en las protestas iniciadas hace cuatro meses, con saldo de 125 muertos.
La asamblea retomará sus sesiones el martes, cuando suele deliberar el Parlamento, en donde Maduro y varios constituyentes han advertido que pondrán "orden".
Aunque el mandatario prometió que la nueva Constitución se someterá a referendo, los asambleístas prometen seguir tomando decisiones de aplicación inmediata como las de este sábado.
