AFP
Tras recibir el respaldo del rey Felipe y de la UE, el ejecutivo español anunciará este sábado las medidas con las que intervendrá el gobierno catalán, mientras Barcelona será escenario de otra gran manifestación a favor de la independencia.
A primera hora de esta jornada comenzará el consejo de ministros extraordinario que solicitará al Senado la autorización para aplicar tales medidas. Con ellas se pretende "restaurar el orden constitucional", en palabras de un gobierno que pretende así poner fin a la crisis institucional más grave de la era democrática iniciada a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Prueba de la gravedad del momento es que en las últimas horas, el rey Felipe VI denunció "un inaceptable intento de secesión" y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que se ha "llegado a una situación límite".
Su equipo lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Éste permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al "cumplimiento forzoso" de la legalidad.
En la cumbre europea en la que hizo estas declaraciones, en Bruselas, Rajoy recabó el apoyo de los principales líderes europeos, que ven en la crisis catalana la amenaza de un efecto dominó que podría extenderse a otros países del bloque.
Horas después, en otro acto en Oviedo, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, no dudó en cargar contra quienes "siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes".
Las medidas se precisarán este sábado en un consejo de ministros extraordinario, y a partir de ahí serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde los conservadores del Partido Popular (PP) tienen mayoría.
La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada de consecuencias imprevisibles en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia.
El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado.
La intervención del gobierno español desembocará presumiblemente en la convocatoria de elecciones regionales, planteando a los independentistas el dilema de participar en unos comicios impuestos.
Manifestación por la libertad de 'los Jordis'
"La lógica de este proceso abocará a unas elecciones, a unas elecciones legalmente convocadas", declaró el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.
Puigdemont mientras tanto está bajo la presión contrapuesta de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.
Además, este sábado, en el centro de Barcelona, miles de personas, como suele ser el caso en las movilizaciones independentisrtas, se congregarán para reclamar la puesta en libertad de los líderes de Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, encarcelados preventivamente esta semana como sospechosos de sedición.
La manifestación ocupará un tramo de cuatro calles del Paseo de Gracia, una de las arterias barcelonesas.
En el marco de las "acciones directas" para protestar por el encarcelamiento, muchos catalanes fueron el viernes a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.
